El 18 de Brumario boliviano

por José Lastra Zorrilla

En 1852, Karl Marx narró el golpe de estado llevado a cabo por el sobrino de Napoleón Bonaparte, Napoleón III, que acabó con la breve Segunda República francesa y dio paso al Segundo Imperio. Una de las grandes virtudes que tiene este texto del autor alemán yace en su valor como estudio histórico. En efecto, lejos de la visión vulgarizada del marxismo como una ideología que se basa en un conflicto de clases completamente engranado en dos facciones monolíticas opuestas, burguesía y proletariado, atrapadas dentro del desarrollo mecánico de fuerzas económicas impersonales, esta obra enfatiza el papel desempeñado por agentes políticos, individuales y colectivos, en el propio devenir histórico. El análisis empleado para dibujar y representar las diferentes alianzas interclasistas en el proceso que llevaría al golpe de Luis Napoleón es tremendamente rico y matizado, dividiendo de esta forma las diferentes facciones de la burguesía, pequeña burguesía y proletariado en grupúsculos que, en muchas ocasiones, tenían intereses contradictorios. Así, lejos del supuesto determinismo económico que se le suele adscribir a las versiones vulgarizadas del marxismo, en este trabajo de Marx existe un considerable grado de autonomía otorgado a las ideas, ideologías y elementos que dentro del lingo académico marxista se denominan “superestructura”.

Existen dos razones por las que empiezo este artículo acerca del actual proceso político en Bolivia elogiando al bueno de Karl Marx. La primera, porque el 18 de Brumario es una de mis obras históricas favoritas. La segunda, porque en todos los artículos que he leído, especialmente los que se podrían encasillar dentro de una perspectiva de “izquierda crítica”, he echado muchísimo de menos algo semejante al rigor que Marx utilizaba para describir los diferentes grupos sociales que intervienen en un proceso político, como reproducen sus propias lógicas y hasta qué punto pueden caer presas de sus propias contradicciones. Ciertamente gran parte de los comentaristas que narran la convulsión política actual en Bolivia suelen pecar de generar unas imágenes tremendamente monolíticas y maniqueas de la situación. Una historia que ya aburre por la cantidad de veces que se ha ido repitiendo. Si bien es cierto que existe una gran afición por parte de los americanos por ir poniendo y quitando presidentes en América Latina, esta ha tenido un efecto adverso en la capacidad de análisis político de la izquierda, y es que ha contribuido a que sea el factor primordial que informe sus interpretaciones, haciendo que en muchas ocasiones tiren de este recurso por ceguera política o vagancia intelectual, es decir, para un martillo todo parecen clavos. Esta es una de las razones por las que me he animado a escribir sobre el tema e intentar contribuir al debate con mi modesta opinión.

Entonces, ¿qué está pasando en Bolivia?. Si empezamos por el final, podemos resumir de manera breve que se acaba de cerrar un ciclo político que había durado 14 años cuando el presidente Evo Morales se vio obligado a huir del país y exiliarse a México. Simultáneamente, el martes 12 de Noviembre, Jeanine Áñez, vicepresidenta del senado representante de Unidad Democrática (UD) por el departamento de Beni se autodeclaraba Presidenta interina de la República boliviana sin quorum legislativo, ya que el partido de Evo Morales, Movimiento Al Socialismo (MAS), todavía mantiene una mayoría en ambas cámaras. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?.

· La gestación de una burguesía indígena

Para poder entender las diferentes dinámicas sociales, económicas y políticas que nos han llevado al momento presente, sería necesario hacer un pequeño y breve recorrido por la historia de Bolivia desde el año 1982, cuando la junta militar que había estado gobernando el país durante escasos dos años fue forzada a renunciar, inaugurándose así un largo período democrático en el país de manera ininterrumpida tras una sucesión de gobiernos militares desde 1964. La transición hacía una democracia liberal supuso el establecimiento de una estructura política en el país caracterizada por un sistema multipartidista, la aparición de un poder legislativo de peso y una evolución hacia la política municipal y regional. La gran diversidad poblacional del país ayudó a que, durante esta época, no existiesen mayorías absolutas en ninguno de los parlamentos, por lo que el recurso de coaliciones y pactos multipartidistas era muy corriente. En este sentido, se podría decir que la burguesía boliviana realizó con éxito su tránsito de un sistema de junta militar al de democracia liberal.

La situación económica, sin embargo, no fue tan fluida y tranquila. La mala gestión económica del gobierno de la junta militar se había traducido en una deuda externa de Bolivia que representaba el 83% de su PIB en 1983. Además, la producción estatal por antonomasia de Bolivia, el estaño, había decrecido enormemente, y en 1986 las minas privadas superaron el volumen de producción del Comibol (Corporación Minera de Bolivia). En esta situación, el primer presidente del gobierno en democracia en los 80, Hernán Siles Zuazo, optó por incrementar el volumen total de dinero en circulación para controlar los costes que suponían para el estado el decrecimiento de las explotaciones de estaño. Esto provocó una explosión inflacionaria que llegó en 1985 al 8170%, conduciendo a un descenso en el valor de las recaudaciones tributarias del estado boliviano. Las elecciones de 1985 se saldarían con la derrota de Siles Zuazo a favor de Víctor Paz Estenssoro, histórico fundador del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNC). Por ironías del destino, fue el propio Estenssoro quien introduciría en Bolivia las medidas económicas liberalizadoras que irían desmontando trozo a trozo el estado desarrollista que el mismo había ayudado a crear en los años 50 y 60. El viraje hacia medidas económicas liberales respondía a la necesidad de mitigar el impacto de la hiperinflación y el lastre para las arcas del estado que suponía la ahora deprimida industria de estaño estatal. Así, con el Nuevo Plan Económico de 1985, llegaba por fin a Bolivia el “neoliberalismo” que camparía a sus anchas hasta principios del siglo XXI. Estenssoro devalúo la moneda, liberalizó los precios junto a los salarios y el tipo de cambio respecto al control estatal, acompañado por un cercenamiento del gasto público. Estos cambios no fueron suficientes para recuperar la economía boliviana que acabaría entrando en recesión. Aun así, se pudo revertir el proceso inflacionario, lo que otorgó a Estenssoro la suficiente legitimidad como para seguir desguazando la burocracia estatal, culminando con el desmantelamiento casi completo de Comibol y los sindicatos mineros. El número de trabajadores en el complejo minero estatal en 1985 era de 27.000, al año siguiente solo quedarían 7500. El desarme de Comibol fue aupado por la coincidencia con una caída espectacular del mercado internacional del estaño, declarando en 1985 el Consejo Internacional del Estaño la bancarrota. Pese a las manifestaciones continuas convocadas por los agonizantes sindicatos mineros, el desmantelamiento siguió su curso.

La crisis del estaño tuvo una repercusión muy importante en el desarrollo socioeconómico boliviano. El significativo aumento del volumen de desempleo en el país, sin un plan de reinserción laboral para toda esta masa de trabajadores, generó una enorme expansión de la economía informal alrededor del cultivo y explotación de la coca. La producción ilegal cocalera ayudó a mitigar en gran medida el impacto social que tuvieron las reformas liberales de Estenssoro. Fue el viraje hacia una economía paralela de producción cocalera que benefició primordialmente a los campesinos indígenas, quienes empezaban a retomar el rol de los antiguos sindicatos mineros creando nuevas asociaciones sindicales de campesinos y colonias de pequeños propietarios. El crecimiento de la economía cocalera fue sostenido por el auge del Movimiento Revolucionario Túpac Katari, una organización indigenista autonomista que había surgido a finales de los 70. Entre los sindicatos campesinos más relevantes se encontraba la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que llegó a obtener una representación decisiva dentro de la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato central más grande de Bolivia. Estas transformaciones jugaron un papel fundamental en la evolución sindical Boliviana que pasó de un modelo obrero ligado a las urbes a uno campesino netamente indigenista ligado a las pequeñas propiedades agrarias. Para hacernos una idea de la importancia de esta industria ilegal, para finales de los 80 las exportaciones ilegales de coca bolivianas igualaban al conjunto de exportaciones legales. Sin embargo, el endurecimiento de la guerra contra las drogas por parte de EE.UU y la aparición de Perú como competidor en el mercado de la coca hicieron que la producción cocalera boliviana entrase en declive a mediados de los 90.

Cartel reivindicativo del movimiento Katarista

No obstante, la economía boliviana consiguió pivotar y centrar sus fuerzas productivas en dos nuevas áreas económicas. Por un lado, el gas natural, que sería explotado por la empresa mixta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por otro, la explotación intensiva de productos agrícolas como la soja. En 1972 se había construido un gasoducto que unía el departamento de Santa Cruz a la frontera argentina, y en 1999 se amplió para que uniese este departamento con Sao Paulo. En 2008 ya era patente el cambió en el tipo de exportaciones de Bolivia, con un marcado descenso de los minerales y la subida de los hidrocarburos junto con los cultivos comerciales. El impacto de estos cambios en el tejido social y económico del país marcó la distribución geográfica de las rentas, favoreciendo el desarrollo de las tierras bajas en detrimento del altiplano, convirtiendo a Santa Cruz en el área comercial de mayor importancia dentro de Bolivia. Este viraje contribuyó a la expansión generalizada de la economía boliviana, aunque en términos absolutos Bolivia siguiese a la cola de Latinoamérica en cuanto al PIB per cápita.

La década de los 90 también inauguró una serie de cambios políticos relevantes, con la aparición de dos nuevos partidos populistas y una mayor movilización por parte de los sectores indígenas que protestaban por lo que consideraban un reparto desigual de los beneficios del estado, la necesidad de mayor autonomía y protección estatal de las propiedades comunales. En este contexto, Gonzalo Sánchez de Lozada se convertiría en Presidente en 1993. El creciente poder de las élites burguesas indigenistas se hizo notar en el hecho de que el partido de Lozada, el MNR, necesitó el apoyo de los kataristas en las áreas rurales para poder alcanzar la victoria electoral. La investidura de Lozada supuso el inicio de la participación de las élites indígenas en el capitalismo de estado boliviano, que se tradujo en la primera reestructuración seria desde la transición con la Ley de Participación Popular de 1994 y la Ley de Descentralización en 1995. Estas leyes otorgaron poder efectivo a la burguesía indigenista proporcionándoles una mayor autonomía política y económica en los municipios, que aumentaron en número con la creación de 311 nuevos. De este modo, dos terceras partes de las alcaldías y concejalías de Bolivia fueron ocupadas por pequeños propietarios campesinos e indígenas. Estas reformas propiciaron la confluencia de los sindicalistas cocaleros dentro de la vida política boliviana, entre ellos un líder indígena aimara de la Federación de Cocaleros Trópicos, Evo Morales, que acabaría creando el partido Movimiento al Socialismo (MAS). Estos nuevos movimientos políticos indigenistas plantearon un ajuste a la visión de la identidad nacional para que se reconociese el nuevo papel energizante que la burguesía indígena aportaba a la sociedad boliviana, configurando los inicios de un nacionalismo boliviano de carácter indigenista. A pesar de estas concesiones a la burguesía indígena, Lozada continúo el programa de desmantelamiento de las estructuras económicas estatales inaugurado por Estenssoro, comenzando con la privatización de YPFB en 1996. La escalada en los procesos privatizadores en el gobierno culminó con los intentos de privatización de productos de primera necesidad, que presentaron tremenda resistencia popular manifestada en la “guerra del agua” en el año 2000 y la “guerra del gas” en el 2003 en las que murieron decenas de personas. La violencia entre opositores y la policía en la capital obligó a que las élites burguesas tradicionales bolivianas “invitasen” a Lozada a renunciar, tomando el relevo su vicepresidente Carlos Mesa. Estas privatizaciones allanaron el terreno para que el MAS obtuviese la victoria electoral en 2005, que había conseguido apropiarse del descontento popular para impulsar su movimiento político. Así, las elecciones dieron la mayoría absoluta a Evo Morales, en coalición con el Movimiento Indio Pachakuti (MIP), con un 56% de los votos. La victoria de Evo supuso una reestructuración del antiguo sistema multipartidista anterior, ya que la mayoría de estos partidos desaparecieron. Además, el triunfo de la coalición indigenista de MAS y MIP sacó a relucir la fractura geográfica que ya venía gestándose desde hace tiempo entre el altiplano y la “media luna” (los departamentos de las tierras bajas que conforman Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija), que en términos sociales se traducía en el enfrentamiento entre la burguesía indigenista cada vez más incorporada dentro del aparato burocrático y administrativo del estado boliviano y la burguesía blanca de las regiones orientales encargadas de las explotaciones de hidrocarburos y los cultivos comerciales.

Elecciones presidenciales de 2005. La quiebra del sistema multipartidista se hace palpable por las dos únicas fuerzas políticas en oposición: el MAS y la oposición al indigenismo de Podemos.

· Evo y el “masismo”

Si nos referimos a los indicadores que se suelen utilizar para medir el desarrollo social y económico de diferentes regiones, se podría argumentar que las legislaturas de Morales han cosechado numerosos éxitos. La economía boliviana ha experimentado un crecimiento con un promedio de un 4,9% del PIB desde 2005 hasta hoy, sostenido por un repunte en el valor de mercado de las exportaciones bolivianas. Esto se ha debido al incremento en producción gasífera y la revalorización de los minerales a causa de la industrialización china y su consecuente aumento de demanda. Estas condiciones económicas han dado paso a diversos programas de nacionalización de recurso como el gas y petróleo, y de empresas de telecomunicaciones junto con compañías eléctricas. Paralelamente, se han eliminado los planes privados de pensiones y se han incorporado dentro de la órbita estatal recursos como el hierro y el litio, con la creación de empresas públicas como Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Esto ha supuesto un incremento abrumador en el cobro de regalías derivadas del gas y minerales provenientes de las empresas de explotación mixtas por parte de estado, permitiendo un aumento del gasto social por parte del gobierno de Morales durante más de una década. Entre los mayores logros que citan los masistas se encuentra la notable reducción del analfabetismo, sobre todo en los sectores indígenas, estando actualmente 3,7% de un 13,28% inicial en 2005. Otra cifra también citada con frecuencia es la referente a la de la reducción de la pobreza. En este caso se ha pasado de un 38,5% y 60,6% de pobreza extrema y moderada respectivamente en 2005 a un 15,2% y 38,5% en 2018. Aun así, los niveles de pobreza nacionales siguen siendo relativamente altos en comparación con los demás países latinoamericanos (2). Por último, la economía de los sectores regionales ha conseguido un alto grado de integración con los núcleos urbanos facilitando la aparición de una pequeña burguesía mestiza urbana que se mueve dentro de las administración estatal y funciona como nexo de unión entre la burguesía del altiplano y la “media luna”.

Si tanto éxito han tenido los gobiernos de Evo Morales, lo normal sería pensar no existen motivos de peso para el descontento popular, ¿no?. No tan rápido. Es cierto que la década y media de gobiernos masistas han traído ciertas mejoras en la calidad de vida de gran parte de la población boliviana, pero cuando hablamos de cambios económicos estructurales, el masismo no ha conseguido implementar ningún tipo de transformación apreciable. La diversificación y el desarrollo de industria independiente de la explotación de hidrocarburos y minerales ha sido insignificante, proviniendo un 48% del presupuesto estatal de los impuestos y regalías derivadas del gas natural. La nula capacidad industrial alternativa boliviana repercute a su vez en la propia industria exportadora nacional, ya que dependen de empresas extranjeras para montar la infraestructura y prospecciones necesarias para nuevos yacimientos de minerales e hidrocarburos, lo que les obliga a mantener copiosas cantidades de divisas extranjeras. A esto hay que añadirle el problema de la búsqueda constante de inversores extranjeros reacios a entrar en Bolivia a causa del temor a futuros planes de nacionalización llevados a cabo por el gobierno. Esta falta de inversión y diversificación han repercutido en el mantenimiento de la economía informal boliviana que está considerada como una de las más grandes de Latinoamérica, con un 88% de la población sin plan de pensiones. La escolarización masiva ha propiciado una migración bastante acentuada a las grandes urbes, sobretodo alrededor de los centros económicos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Este último ha ido integrándose dentro del área económica de la explotación de soja de Mato Grosso en Brasil, uniendo a las burguesías de ambos lados de la frontera. El gran desarrollo de estas regiones a causa de la agricultura y los hidrocarburos ha generado una desigualdad de rentas por departamentos tremenda. De esta forma, el eje La Paz-Cochabamba-Santa Cruz proveía el 93% de los impuestos que recauda el estado en 2009 y producía un 71% del PIB. A esto hay que añadirle el abandono de los antiguos núcleos mineros de la región Potosí-Oruro, donde más del 60% de la población es indígena y vive en pobreza extrema. Esta última transformación socioeconómica ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del actual conflicto civil en Bolivia.

Conjunto de viviendas en Potosí

Si queremos ir a causas inmediatas, el punto de partida más claro es “el giro conservador” de Evo en su segunda legislatura (2010-2014). Tras la aprobación de la Constitución Política del Estado plurinacional de 2009, Morales se sintió con la legitimidad necesaria para llevar a cabo numerosas reformas con el ímpetu de realizar una modernización “desde arriba”. Este nuevo curso tomado por el gobierno supuso el reforzamiento del ejecutivo para tener manga ancha a la hora de implementar sus proyectos desarrollistas. Siendo la región de Potosí-Oruro una de las más deprimidas, la intervención más directa del estado en esta zona supuso una contradicción con las concesiones autonomistas que se les habían ido concediendo a las comunidades indígenas desde hacía décadas.

Uno de los primeros choques fue el conflicto del TIPNIS. El estado boliviano quería poner en marcha un proyecto de infraestructuras que atravesaría el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para unir Cochabamba y Beni. Este proyecto del estado estaba pensado para incluir a Bolivia dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) ligada al capital brasileño, corriendo el 80% del financiamiento a cuenta del Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) y la construcción a cargo del conglomerado brasileño OAS. El proyecto en sí tendría consecuencias secundarias como la expansión del área de explotación cocalera en la zona y posibles prospecciones de yacimientos de hidrocarburos en localizaciones previamente protegidas. El trampeo al que fue sujeto el estudio de viabilidad ecológica del proyecto y el aislamiento de la comunidad indígena en cualquier tipo de toma de decisión desembocó en 2011 en una gran marcha indígena que se dirigió a La Paz en forma de protesta. Esta marcha fue impulsada por cierta parte de la burguesía opositora de la Media Luna para crear una mayor tensión entre el gobierno y sus propias bases. La marcha terminó con una dura represión policial y el propio gobierno se vio obligado a usar una cabeza de turco. Aunque ciertos sectores más recalcitrantemente racistas y reaccionarios dentro de la burguesía del bloque de la Media Luna se pondrían en clara oposición al gobierno de Morales, este fue capaz de unir lazos con otros empresarios agrícolas con un corte más pragmático más allá del altiplano. Un ejemplo de este nuevo entendimiento fue la firma del Decreto Supremo 3973 en el que se ampliaban las concesiones de explotación dentro de zonas protegidas del Amazonas a las burguesías ligadas a la industria agrícola. En los últimos meses esta embarazosa relación salió a la luz a raíz de los incendios de este verano en el Amazonas, lo que llevó al gobierno de Evo a utilizar estratagemas de marketing para lavar su imagen como “gobierno ecosocialista”, sin embargo, muchos sectores de la izquierda boliviana simpatizantes de Morales no quedaron suficientemente convencidos, lo que acabó socavado aún más las bases de apoyo del gobierno.

Policía detiene a un indígena durante las marchas de 2010

Siguiendo por esta avenida, dos hechos recientes también se pueden considerar relevantes en esta continuada erosión del apoyo indígena a Evo Morales y su gobierno.

El primero haría referencia a los yacimientos de litio en el salar de Uyuni. Según las últimas prospecciones, las reservas de litio del país andino se situarían en 9 millones de toneladas, entre las mayores del planeta. La empresa estatal YLB comenzó a vender un proyecto de explotación de litio en 2018 pero el proyecto no tuvo muy buena acogida por los inversores internacionales. Por un lado, los proyectos de nacionalización provocaron un cierto grado de incertidumbre para las compañías que quisieran aventurarse en esta empresa. Por otro, el salar de Uyuni cuenta con numerosas reservas de litio pero de difícil acceso, al contrario de lo que pasa en Chile y Argentina, lo que no le daría un grado de competitividad suficientemente atractivo. No obstante, en los últimos tres años el gobierno boliviano ha sido capaz de cerrar dos contratos para la explotación de litio en Uyuni que ascenderían a la cifra de 3 mil millones de dólares con una empresa china, Xinjiang TBEA Group, y una alemana, ACI Systems. Estos contratos, al igual que el del TIPNIS, se formalizaron únicamente entre el gobierno y las multinacionales, al margen de las comunidades indígenas mineras del Potosí, lo que provocó un profundo malestar dentro del departamento. El agravio no provenía únicamente de la falta de inclusión de estos grupos en las negociaciones, si no que también consideraban que las empresas internacionales carecían de la suficiente experiencia de explotación y que las condiciones del contrato eran muy poco favorables para YLB. De esta manera el Comicipo (Comité Cívico Potosinista), encabezado por Marco Pumari, antiguo miebro de las juventudes masistas tornado a opositor tras una serie de escándalos de corrupción, llamó a una huelga general con el objetivo de romper los contratos. Este “paro cívico” encontró amplia acogida en una región que lleva décadas estancada, estando hoy día azotada por una nueva depresión por la bajada generalizada de los precios de los minerales, en la que hace tan sólo una década un grupo de mineros habían asaltado la Prefectura de Impuestos nacionales con dinamita. Las movilizaciones de los mineros obligaron a Evo a rescindir su contrato con las susodichas empresas (3).

Mineros caminan sobre una piscina de litio dentro del salar de Uyuni. Llegar hasta las minas puede durar días, y los trabajadores regresan a sus hogares tras dos semanas de duro trabajo. Fotógrafo: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg

El segundo hecho relevante es el choque que Evo ha tenido con su base más fiel, los cocaleros Yungas. El conflicto nace de la Ley de la coca de 2017, una regulación introducida por el estado para ampliar el mermado acceso al mercado interno de los cocaleros del Chapare en detrimento de los cocaleros Yungas. Estas dos facciones agrícolas de pequeños propietarios llegaron a un acuerdo con el estado mediante el cual se le ofrecía una compensación a los Yungas, que en un principio aceptaron. La reticencia persistente dentro de los sindicatos Yungas a este acuerdo llevó al gobierno a promover un cambio interno dentro de organizaciones como la Asociación de La Paz de Productores de Coca (Adepcoca), fomentar organizaciones disidentes paralelas fieles al gobierno y crear nuevos mercados vedados para los campesinos oficialistas. Esto llevó a los sindicatos oficialistas Yungas a recurrir la nueva Ley de la coca como inconstitucional y a la movilización total de los cocaleros para bloquear carreteras, llegando a enfrentamientos directos con la policía.

Comités de autodefensa de cocaleros Yungas en la localidad de Coripata en Junio de 2019

· Las elecciones de Octubre

En este contexto de modernización capitalista “desde arriba”, los movimientos sociales independientes y sindicatos que habían aupado a Evo Morales y el MAS al poder fueron absorbidos por el estado produciendo la paulatina erosión de sus bases sociales y políticas. Al implementar un paradigma de capitalismo de estado netamente dirigista, Evo contribuyó a afianzar su posición dentro del partido y el ejecutivo, al mismo tiempo que alienaba a las comunidades que, en teoría, había venido a representar dentro de ese estado. Paralelamente a este proceso, comienza a darse la crisis política que terminó con las protestas masivas tras las elecciones.

En Febrero de 2016 se celebra el famoso referéndum en el que se sometía a voto la aprobación o rechazo del proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente o vicepresidente del Estado Boliviano postularse a ser reelegidos dos veces de manera continua. El “no” acabó ganando con un 51% de los votos. Al siguiente año, se presentó en el Tribunal Constitucional una petición para dejar en suspenso los artículos referentes al límite del número de mandatos en base a la Carta americana de derechos humanos. En cierta manera la petición es anti-constitucional ya que pide explícitamente que se ignoren artículos de la propia constitución en base a una convención general de “derechos humanos” que no es tan vinculante como la propia constitución. Sin embargo, el TC aprobó esta moción y permitió a Evo volver a presentarse en las elecciones de 2019. Este hecho catapultó la campaña electoral de Carlos Mesa que se convertía en la cara de la oposición, capitalizando el descontento por parte de la burguesía y pequeña burguesía mestiza urbana bajo el paraguas del movimiento de oposición 21-F.

El aparente fraude electoral que se produjo durante el recuento tan sólo contribuyó a echar más leña al fuego. Entre acusaciones de golpe por parte de Morales a la oposición, y de pucherazo por parte de la oposición al gobierno, no quedó más remedio que acudir a la auditoría oficial convocada por el Tribunal Supremo Electoral que encontró el proceso de recuento “viciado de nulidad” (4). La oposición cercana a la órbita de Carlos Mesa salió a las calles de La Paz, los hijos de la “revolución desde arriba” masista. Lejos de contar con el beneplácito de las fuerzas del orden, los manifestantes se enfrentaron a la policía en regiones como Cochabamba. Evo a su vez les provocaba e instaba a sus bases a cercar las ciudades, hasta que después de días de enfrentamiento los policías locales se amotinaron en contra de las órdenes que recibieron por parte de sus superiores. Aun así, el ejército permaneció fiel a Evo haciendo declaraciones públicas. Esta situación se desarrolló durante 12 días hasta llegar al punto de inflexión, el 2 de Noviembre, cuando la burguesía cruceña más radical decide sumarse a las movilizaciones y pedir el apoyo de las fuerzas armadas y la policía.

Enfrentamiento entre la policía y opositores al masismo en La Paz tras las elecciones

Esta es la cara que la izquierda ha querido pintar con brocha gorda a la totalidad de los diferentes grupos opositores al masismo, ya que la imagen es espeluznante. El líder del Movimiento Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, alías “macho Camacho”, empresario agrícola de la región de la Media Luna, forma parte de un núcleo burgués de Santa Cruz con numerosas conexiones políticas y económicas con el movimiento evangelista que llevó al poder a Jair Bolsonaro en Brasil. Entre sus aficiones destaca la creación de un grupo juvenil paramilitar filofascista, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), que se dedicaba a dar palizas a indígenas y lucir esvásticas por la calle. Camacho encarna los relictos de una arcana burguesía colonial blanca que ha ido perdiendo poder desde la Reforma agraria de 1953, pero especialmente tras el fin de los gobiernos militares de Bolivia, en favor de la burguesía indígena.

Luis Fernando Camacho, “el macho Camacho”, tirando de lo tangible.

La retórica anti-indigenista y el fundamentalismo cristiano de estos individuos pueden generar una imagen confusa acerca de la composición real de los grupos opositores al masismo. Subrayar el papel decisivo que el apoyo de la burguesía indígena hastiada de Evo Morales ha jugado en esta nueva configuración de alianzas opositoras para propiciar que el ejército, velando por sus propios intereses institucionales, presionara a Evo para que dimitiese es de vital importancia. Prueba de ello es la foto del abrazo entre Marco Pumari, líder del Comicipo, y Camacho. Además del hecho de que este último se disculpara públicamente por la quema de las banderas indígenas Whipalas. Tras el derrocamiento de Morales y la autoproclamación anticonstitucional de Jeanine Áñez como presidenta interina, los bolivianos todavía están a la espera de que se convoquen nuevas elecciones. Mientras tanto, los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores no se han hecho esperar con la propuesta del senado a auditar el Sistema Único de Salud (SUS) y la aprobación de un decreto que libera de culpabilidad penal a los militares que usen la fuerza para “pacificar” las protestas, resultando en el asesinato de ocho jóvenes bolivianos en el Alto esta semana. De esta manera, la alianza opositora fraguada entre las burguesías indigenistas y cruceñas han adelantado por la derecha a Carlos Mesa, dejando un futuro bastante incierto y poco halagüeño para los bolivianos.

· Conclusiones

La historia relatada es inextricable del actual desarrollo del capitalismo global. En un contexto de crisis y guerras comerciales, el modelo extractivo y desarrollista boliviano ha comenzado a desestabilizarse. Si bien es cierto que en términos absolutos de indicadores de crecimiento en Bolivia hubo mejoras, este sigue siendo el segundo país más pobre de Latinoamérica con unas desigualdades económicas muy marcadas tanto social como territorialmente.

Calificar el Movimiento al Socialismo como un “éxito socialista” es caer en un análisis realmente miope. El carácter que ha tenido este movimiento siempre ha sido fundamentalmente nacionalista, sin ningún tipo de viso al socialismo que no fuera una distribución un poco más equitativa de las rentas estatales extraídas salvajemente mediante la explotación de sus propios recursos naturales en detrimento de las comunidades autóctonas de trabajadores y su ecosistema. De hecho, al capital le ha ido estupendamente durante el mandato de Morales, a través de acuerdos con diferentes multinacionales y el acercamiento a los intereses de capitales expansivos como el chino y el brasileño. Los bancos también han salido muy bien parados, casi triplicando sus beneficios de 120 millones de dólares a 330. No obstante, el modelo exportador de Bolivia sufre las mismas debilidades que la mayoría de las economías latinoamericanas, dependiendo enormemente de la fluctuación en valor de bienes exportados e importados. Desde 2014 el déficit comercial, fiscal y la deuda han ido engordando.

Gráfico realizado por el observatorio de inversiones latinoamericanas con datos del Banco Central de Bolivia.

Consecuentemente, ciertos sectores del capital boliviano que nunca consiguieron acomodarse a las políticas del MAS aprovecharon la oportunidad para llevar a cabo un cambio en la dirección del estado en el momento propicio. Habiendo aguantado la crisis política de 2008 contra los sectores autonomistas de la “Media Luna”, el MAS se volvió cada vez más dependiente de la figura de Evo, a lo que habría que sumarle el dirigismo económico propio del ejecutivo masista. El error de Morales fue ofrecerles una apertura a los sectores opositores para llevar a cabo el ataque al insistir de manera tan empecinada en el continuismo en su cargo.

Es en la naturaleza espontánea de estas revueltas, que se tornaron rápidamente en golpe y ahora conflicto civil, donde se ve que realmente no existe la sombra alargada de un estado extranjero. La raíz del problema se encuentra en las propias contradicciones del capitalismo de estado boliviano y su dirección por el MAS. La actual debacle boliviana se puede encuadrar dentro de la crisis de los mal llamados “movimientos socialistas” de la marea rosa. “Mal llamados” ya que no han supuesto ninguna amenaza contra el capitalismo, si no que han sido una continuación con “rostro humano” de la dinámica de acumulación de rentas por el estado, obtenidas mediante la mercantilización y explotación brutal de la naturaleza de sus respectivos países, dependientes de un mercado internacional de circulación de capital regido por potencias imperialistas. Como hemos podido ver, las ‪empresas occidentales siguen explotando impunemente los recursos naturales bolivianos como el del salar de Uyuni, la única diferencia real es que ahora las élites burguesas indigenistas tienen asegurado su trozo del pastel, pero tanto los caciques como el poder represor y autoritario del estado sobre la vida de los trabajadores sigue ahí. El hecho de criticar el legado de Morales y las contradicciones del masismo no supone la aprobación de la violencia desatada contra los partidarios del MAS, o de la ideología y tácticas del grupo opositor ahora liderado por los sectores ultras cruceños. Lejos de eso, la visión acrítica y maniquea de lo ocurrido en Bolivia como un conflicto entre indígenas de alma pura y racistas descontrolados no solo no ayuda para nada, si no que perpetúa una visión tremendamente paternalista de la sociedad boliviana olvidando que existen piezas en movimiento dentro del tejido social del país que, muy a pesar de estos simpatizantes del indigenismo, tienen una agencia independiente de los avatares de la CIA y el departamento de estado de EE.UU.

· Notas

  1. Dentro de los torrentes de tinta que se han escrito del tema, recomiendo encarecidamente estos dos artículos por su enfoque holístico del conflicto en Bolivia:

    The Eighteenth Brumaire of Macho Camacho: Jeffery R. Webber (with Forrest Hylton) on the Coup in Bolivia

    Origins of the Crisis: On the Coup in Bolivia

  2. También habría que mencionar que el concepto de “pobreza extrema” en relación a la “pobreza moderada” es un tanto arbitrario, para más información consultar el siguiente libro: Hickel, Jason. 2017. The Divide: A Brief Guide to Global Inequality and its Solutions. Penguin Random House. Londres.

  3. Este hecho ha dado pie a teorías de lo más simples y vulgares acerca de la naturaleza del “golpe” en Bolivia como un caso de injerencia estadounidense con el objetivo de apropiarse de las reservas de litio bolivianas. Otros aportes mucho mas desarrollados han señalado la rivalidad interimperialista entre EE.UU y China. Sin embargo, esto contradice el desarrollo del propio mercado de litio donde ha habido un notable descenso en valor debido a la amplia oferta del propio mineral. No cabe duda que dentro de este guiso hay condimentos que provienen del extranjero, pero la receta sigue siendo casera.

  4. El Center for Economic and Policy Research (CPER) ha publicado por su parte un análisis que parece contradecir los hallazgos de la auditoría oficial independiente convocada por el TSE. Sin embargo, el texto basa su argumentario en criticar el informe de observación de la OAS, ignorando el la de propia auditoria, que alega la existencia de un número anormal de solicitudes de acceso a las terminales de recuento de votos, una técnica de ataque electrónico conocida como Denial of Service (DoS).

 

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