Miseria, gloria y agonía del petro-estado venezolano (III)

por José Lastra Zorrilla

· Rumbo  al “Caracazo”

En esta tesitura internacional se encontraron los gobiernos sucesores de CAP; la administración de Luis Herrera Campíns de COPEI (1979-84) y Jaime Luisinchi (1984-89). La retórica de modernización progresiva seguía siendo utilizada con ambos pero tras el fracaso del gobierno de CAP en invertir las rentas petrolíferas para crear una actividad industrial a largo plazo y la abundancia de corruptelas a causa de la circulación aparentemente interminable de capital facilitaron que el discurso cayera en ruidos sordos. El cansancio general de la sociedad venezolana con la retórica del “mañana a la vuelta de la esquina” coincidió con esta situación internacional nefasta para la industria del crudo. A fin de cuentas, la década de los 80 supuso una reestructuración global del capitalismo hacia unas políticas que favorecían más la privatización de activos públicos, la confianza en el mercado y una notable crecimiento del sector financiero. Esto se tradujo en campañas de reinversión de activos de las compañías petrolíferas para sostener, aunque de manera artificial, sus valores de cotización en bolsa que significaba corte de costes “innecesarios” en producción, recorte de recursos humanos y el cierre de sectores con beneficios “marginales”. Dentro de Venezuela estas reestructuraciones de capital ocurrieron simultáneamente con una duplicación de la deuda externa y la devaluación de la moneda en el 83 como intento de salvar la productividad en declive de la economía nacional. Estos malos augurios dentro del país fomentaron la fuga de capitales[1] que alcanzaron su punto álgido durante la administración de Luisinchi. Fue entonces cuando apareció el FMI para poner en práctica políticas de “estabilización” que chocaron frontalmente con parte de la burguesía venezolana vinculada a la industria que se veía beneficiada por las políticas proteccionistas del Estado. Las políticas de austeridad del FMI dieron lugar a una reducción salarial y caída de consumo general. Además, la aversión histórica de la sociedad venezolana desde la época de Gómez por la existencia de deuda pública externa llevó a la administración de Luisinchi a poner todos los esfuerzos en pagarla a corto plazo agotando temporalmente todas las reservas petrolíferas que poseía el Estado.

La caótica situación con la que terminaba el mandato de Luisinchi atrajo de nuevo la reaparición de la figura del mago ilusionista Carlos Andrés Pérez. Cabalgando a lomos de la nostalgia por una época de mayor bonanza, CAP consiguió oscurecer su legado de proyectos faraónicos industriales fracasados y corrupción generalizada obteniendo la victoria en las elecciones de 1988 con un 53% del voto popular. CAP había lanzado una campaña electoral que intentaba explotar el antiguo sentimiento populista que había desaparecido paulatinamente en la política venezolana desde la década de los 80. En su discurso incorporó la idea de “el gran viraje” que se basaba en alegatos cargados de retórica anti-FMI. La sorpresa que se llevaron los venezolanos fue que el gran viraje no sería respecto a las políticas del FMI, sino de CAP respecto a su propio discurso. La nueva administración adeca anunció medidas de eliminación de subvenciones y fijación de precios lo que provocó a una estampida de acaparamiento de productos de primera necesidad por parte de los grandes conglomerados comerciales venezolanos dando lugar a una escasez de alimentos. Las quejas continuadas de una gran parte del sector comercial ante los recortes en subsidios estatales generó un gran malestar dentro de la pequeña burguesía venezolana desvinculada de la infraestructura de importaciones y del sector financiero. Las capas populares de la sociedad se unirían a esta pequeña burguesía ya con ánimo de revuelta cuando el gobierno decidió aumentar el precio de la gasolina, que estaba entre los más baratos del mercado desde hace décadas, para colocarlo más cerca al nivel del mercado global. La subida del precio de la gasolina fue un error de libro. Como hemos visto a lo largo de estos artículos, para la sociedad venezolana la garantía del disfrute de la riqueza natural del país era uno de los principios fundamentales del contrato social entre el pueblo y el petro-Estado. Fernando Coronil ya lo había ilustrado de aquella manera tan elocuente cuando dijo que la nación venezolana constaba de dos cuerpos; uno natural y otro político. Dentro de esta relación el Estado debe ser la representación de ambos. La decisión de CAP de poner trabas mayores a la relación entre ambos cuerpos ponía en entredicho este derecho fundamental de los venezolanos.

Las protestas callejeras se convirtieron en sucesos regulares tras la introducción del «paquetazo económico» de CAP.

En retrospectiva resulta evidente la inevitabilidad de lo que sucedió después. El 27 de Febrero de 1989, los dueños de las compañías de ómnibus y camionetas de Caracas decidieron duplicar las tarifas de transporte como señal de protesta ante la subida de precios y las nuevas medidas del gobierno. El problema fue que tanto los estudiantes como los trabajadores que dependían de este sector del transporte se sintieron estafados, ya no sólo por el gobierno, sino por la pequeña burguesía comercial urbana. Esta ira y frustración colectivas se materializaron en una serie de revueltas y saqueos en Caracas que asolaron la ciudad durante cinco días seguidos. Los disturbios palidecieron respecto a la respuesta increíblemente represiva del gobierno que acabó saldándose con 400 muertos. La mayoría de ellos fueron encontrados meses o años después en fosas comunes, tras enormes esfuerzos de activistas por combatir la intromisión del gobierno en investigaciones internacionales, convocadas a raíz de las claras violaciones de derechos humanos. El Caracazo supondría un antes y un después en la vida política de Venezuela ya que rompió por completo la relación entre el pueblo y el Estado puntofijista. Las élites políticas y económicas ya no veían al pueblo venezolano como parte del cuerpo político benefactor de las rentas petrolíferas, si no como una masa turbulenta y parásita a la que el Estado tenía que disciplinar[2]. Mientras, “el pueblo” no podía evitar ver a la clase política como una que solo se preocupaba por el enriquecimiento personal y completamente corrupta. El peligro para el Estado puntofijista comenzó a materializarse cuando el discurso popular se filtró dentro del sector militar que, desde hacía ya décadas, se había mantenido al margen de la vida política. Los sucesivos golpes militares fallidos en 1992 llevados a cabo por Hugo Chávez, el General de brigada Visconti, Teodoro Petkoff o Francisco Arias Cárdenas no fueron más que la crónica de una muerte ya anunciada en 1989. Falto de opciones, la única forma que tenía la élite puntofijista de intentar salvar un sistema que se estaba desmoronando fue echarle el muerto al pelele más próximo, en este caso siendo el bueno de Carlos Andrés Pérez. En Mayo del 93, en un intento por guardar las apariencias, el Congreso lanzó una acusación de corrupción al Ejecutivo de CAP. Comenzó así un proceso de lapidación mediática mediante el cual la élite política esperaba que la crucifixión de CAP expiase sus propios pecados. La destitución de CAP dio paso a nuevas elecciones en las que Rafael Caldera resultó victorioso, presentándose como independiente de su antiguo partido COPEI. Las elecciones, sin embargo, mostraron una alta abstención de un 44%.

El «caracazo»

La administración de Caldera coincidió con dos grandes cambios dentro del seno económico venezolano. Por un lado, el rescate del Banco Latino en el año 94 fue el último caso dentro de una larga tendencia de especulación financiera inmobiliaria. Esta marcha había sido facilitada gracias a la existencia de un marco de competencia oligopólico y la derogación regulativa de las instituciones del Estado populista de los años 60 y 70. La solución al rescate bancario acabaría convirtiéndose en un vergonzoso espectáculo nacional ya que el dinero fue sustraído por los propios banqueros que huyeron del país antes de que pudieran arrestarlos. Simultáneamente a este proceso, el director de PDVSA, André Sosa Petri, llevaba desde su nombramiento en 1990 combatiendo la intromisión política en la dirección de la empresa estatal y su asociación con OPEC. En la visión de Sosa, PDVSA debía ser liberada de cualquier restricción contractual con el Estado y ser capitaneada como lo que era, una empresa petrolera multinacional. Así, proponía concederle a su cargo una mayor autonomía para actuar de la manera más conveniente con el objeto de atraer mayores inversiones de capital extranjero. Este empuje tecnocrático que propició Sosa durante el principio de los 90 fue llevado a su cénit bajo la dirección de Luis Giusti. En la década de los 90, PDVSA comenzaría a operar con estándares y prácticas características de las grandes multinacionales. El Estado venezolano aprobó reformas para la auto-regulación de PDVSA otorgándole la capacidad de conservar el 10% de sus ganancias netas para financiar inversiones. Entre las nuevas operaciones emprendidas por la multinacional venezolana, destacan la compra de diversas refinerías en Alemania, Suecia o en Bélgica y la adquisición de Citgo con el fin de mantener una presencia más sostenida dentro del mercado americano. Habiendo ignorado ya completamente las directrices productivas de OPEC, Giusti lanzó una campaña de subasta para exploración de crudo y derechos de producción a gran escala con la intención de llegar a la cota de producción de 6 millones de barriles por día en 2006, la llamada apertura petrolera. Esta operación hizo evidente la nueva independencia de PDVSA fomentada por el Estado.

· La nueva ilusión, el socialismo del siglo XXI

El gobierno de Caldera acabó siendo continuador de la anterior legislatura adeca. Las medidas de “estabilización” del FMI fueron implementadas a pesar del continuado ruido de sables y el tremendo malestar social. La década de los 90 vino a materializar una tremenda división socioeconómica de la sociedad venezolana que venía gestándose desde la época de las vacas gordas en los 70. Por un lado, aquella burguesía que durante la época del estado proteccionista había conseguido conformarse alrededor de la burocracia del aparato estatal, fue capaz de transformarse y dirigirse cada vez más a las actividades del mercado internacional con la desregularización y privatización de los años 80. Por otro lado, aquellas clases pequeño burguesas que se habían afincado dentro del sector comercial y manufacturero nacional veían cómo iban perdiendo poder adquisitivo y político. Atrapados en esta división creciente se encontraban los trabajadores asalariados que veían como sus condiciones de vida se volvían cada vez más miserables. El mito cohesionado de progreso colectivo que personificaba el petro-estado acabó resquebrajándose. En esta nueva conciencia nacional existía una visión que la élite burguesa más internacionalmente orientada interpretaba de una manera más individualista[3], mientras que los sectores pequeño-burgueses orientados a actividades económicas dentro de la nación reinterpretaban el significado del sueño del progreso, y si realmente podría ser alcanzable dentro de los límites institucionales presentes.

Esta confrontación de visiones fue más que palpable durante las elecciones de 1998 entre Hugo Chávez y Henrique Salas Römer. El golpe de 1992 había elevado la figura de Chávez a la de redentor de la política venezolana, consiguiendo encapsular su figura como la de un outsider de la viciada clase dirigente. Su retórica de renovación populista-socialista abrió la vía para una nueva ilusión de modernidad alternativa al capitalismo financiero “neo-colonial”, dando vía libre a la renovación de una ideología nacionalista corporativa pequeño-burguesa. Esta es la visión en la que se fundamentaría la ideología de la Revolución Bolivariana. El carisma y habilidad política de Chávez aumentaron su proyección en el escenario electoral obteniendo un 56% del voto popular. La campaña de Chávez contenía una imagen «revolucionaria» mucho más tímida que la que adquiriría más adelante, además de estar compuesto por una coalición bastante amplia dentro del espectro político. Sin embargo, el ambicioso carácter transformador de Chávez se manifestó en su inmediata derogación de la constitución puntofijista y  llamada a elecciones para una nueva asamblea constituyente en 1999 en la que nació la V República de Venezuela; la República Bolivariana.

Hugo Chávez

Mientras que estos cambios fueron bienvenidos por gran parte del pueblo venezolano, a finales de 2001 los primeros vientos de crisis comenzaron a afectar el dinámico gobierno de Chávez. La implementación de los controvertidos 49 decretos para reformar estructuralmente sectores claves como el de hidrocarburos, agricultura y la polémica redistribución de tierras contaron con una amplia resistencia por parte de la burguesía estatal que se oponían a este tipo de reestructuraciones sistémicas. Dentro de ellas, la más destacable era PDVSA. Si bien la compañía podría ser considerada como una empresa estatal con metas ambiciosas e internacionales agraciada con una buena gestión, existían recelos dentro de la sociedad venezolana desde hace tiempo por la nueva dirección que había tomado la compañía. La tensión generada entre el Estado y la empresa en cuanto a la administración de los beneficios (la inversión en iniciativas estatales o la preferencia por reinvertirlos en proyectos en el extranjero) era evidente. Como habíamos comentado, el ideario nacionalista venezolano había configurado su idea de la ciudadanía respecto al petro-estado como la pertenencia a uno de los dos cuerpos de la nación, el cuerpo político, que tenía el derecho de disfrutar de las riquezas del otro cuerpo, el natural. El hecho que PDVSA decidiese comprar refinerías en Alemania o EE.UU, en vez de invertir el dinero de las rentas en proyectos sociales o de infraestructuras suponía una contradicción en si misma para aquellos que seguían teniendo esta concepción populista del Estado. Pero, tras los disturbios del Caracazo, un sector importante de la burguesía venezolana había cambiado esta antigua concepción de progreso colectivo por otro más individualista. Chávez fue lo suficiente hábil como para explotar el descontento de gran parte de la pequeña-bueguesía venezolana con la empresa para reintegrar a PDVSA dentro de la órbita de influencia estatal. El punto álgido de esta confrontación acabó materializándose en la expulsión de los directivos de PDVSA y su sustitución por una nueva línea de técnicos más afines a Chávez por retransmisión en directo durante el programa de televisión Aló Presidente. Dentro de la concepción chavista, para llevar a cabo la revolución y financiar todos los nuevos proyectos sociales, la restructuración de PDVSA se veía como un paso fundamental. La liberalización sufrida en los 80 y 90 fue revertida con la Ley de Hidrocarburos de 2001, que estipulaba un incremento de regalías a las compañías privadas del 1-17% a un 20-30%. Además, en acorde a esta nueva ley, cualquier nuevo tipo de inversión en el país debía hacerse a modo de empresa conjunta con la propia PDVSA. La tensión inherente entre la dirección que seguía la línea tecnocrática independiente del antiguo director Luis Giusti y la concepción de Chávez de PDVSA como instrumento dentro del marco gubernamental desató una serie de protestas multitudinarias en Caracas. Los dispersos elementos opositores al chavismo confluyeron en estas protestas y retroalimentaron sus temores de una deriva autocrática del Estado en la que la “antigua meritocracia” estaba siendo sustituida por una clase sumisa a los intereses radicales de Chávez. Aquellos leales a la revolución bolivariana no veían en estos nuevos nombramientos una personalización de la riqueza de la nación, sino más bien lo contrario, una democratización de las rentas para el disfrute del resto del pueblo controlada por oficiales electos y no tecnócratas preocupados con beneficios corporativos.

Al paso del canto ni un paso atrás, el 11 de Abril de 2002 se convocó la mayor marcha jamás vista en la ciudad de Caracas. El elevado número de protestantes envalentonaron a las fuerzas de la oposición y se pasó de una protesta para la restitución de los antiguos cargos de PDVSA a pedir la dimisión de Chávez. Fue en el calor de este momento que se desencadenarían de manera frenética tres golpes de Estado consecutivos. El detonante de los eventos fue la llamada “masacre de Puente Llaguno”. En las cadenas de televisión propiedad del opositor Gustavo Cisneros, comenzó a circular un vídeo en el que aparecía una muchedumbre disparando desde el puente y un narrador comentaba que se estaba abriendo fuego sobre los manifestantes. Las escenas seguidas capturaban imágenes de cuerpos yaciendo en charcos de sangre. Estás imágenes indignaron a la población y se produjo una sublevación del ejército que consiguió entrar en el Palacio Presidencial y capturar a Chávez. No se sabe si el Comandante llegó a presentar su dimisión, pero parece probable que lo hizo con el fin de evitar un baño de sangre. Lo interesante del asunto es que las imágenes retransmitidas por Venevisión mostraban una representación parcial de los sucesos, ya que otro vídeo confirmaría más tarde que la guardia bolivariana no estaba disparando a manifestantes si no que estaba devolviendo fuego de grupos opositores y la policía metropolitana. Sea como fuere, el 12 de Abril un grupo de militares de alto rango y elementos nacionales y extranjeros deciden nombrar a Pedro Carmona, presidente de la patronal Fedecámaras, como presidente interino. Carmona decidió durante la sesión de investidura revocar los 49 decretos y de manera unilateral disolver la asamblea nacional, destituir a los gobernadores estatales, los líderes municipales, la corte suprema y despedir al fiscal del Estado. Por último, decide nombrar a Guaicaipuro Lameda como presidente de PDVSA. Salvo la vuelta al orden tecnocrático de PDVSA, el resto de medidas sorprendió sobremanera a la coalición opositora que había nombrado a Carmona presidente interino. Muchos sintieron que se estaba produciendo un golpe dentro de un golpe, y la dura represión a distintos elementos chavistas disidentes pareció confirmar la puesta en marcha de un contragolpe aún más autoritario. En este clima de tensión y confusión, elementos militares aún leales a Chávez se hicieron con el control del Palacio de Miraflores, arrestaron a los miembros del gabinete de Carmona y amenazaron con bombardear el palacio si no restauraban el orden constitucional. El 14 de Abril, Chávez aparecía en televisión acompañado de una masa de gente vitoreándolo hasta llegar a Miraflores.

La consolidación de Chávez tras el triple golpe de 2002 detonó una subida en el precio de crudo a lo largo de la primera década del siglo XXI. Por su puesto esto no se debió tan solo a lo ocurrido en Venezuela. El nuevo clima geopolítico que se había gestado tras el colapso de la URSS quedó oficialmente inaugurado tras los ataques del 11-S y la “guerra contra el terror”. En este nuevo paisaje global la inestabilidad crónica en Oriente Medio, desencadenada tras la invasión de Afganistán y la Segunda Guerra del Golfo, se convertirá en característica. Dentro de este paradigma de jihad global, los ataques contra la infraestructura petrolífera local para obtener y vender crudo en el mercado negro se multiplicaría. Además, la capacidad de producción de Iraq se paró por completo. Aunque el resto de países del OPEC intentaron intensificar la producción de crudo, este no fue el caso de Venezuela. Chávez tenía un gran interés por aumentar de manera sustancial el precio del crudo mediante la reducción en producción y en 2003 la producción bajo de 3 millones de barriles por día a un millón. La aparición de China como potencia industrial también aumentó el consumo global de crudo. El mercado pareció no ser capaz de satisfacer la demanda a causa de años de limitación de inversión en exploración y producción en la industria fruto de las reestructuraciones sufridas en los años 80 y la burbuja financiera de finales de los 90.

Las imagenes de Puente Laguno

El aumento de precio de crudo llegó al valor nominal de $71 dólares por barril  en 2005. Este incremento engrasó las vías por las cuales el Ejecutivo estrechaba el agarre de las riendas del petro-Estado, fruto de la experiencia del triple golpe en 2002. La agenda de Chávez comenzaría a radicalizarse. En 2003 despidió a 18.000 trabajadores de PDVSA que se habían puesto en huelga durante los últimos meses del año anterior y los activos de la compañía se traspasaron por completo al control del gobierno. La bonanza por el incremento del valor del crudo produjo una restructuración notable del Estado con respecto a los años 80 y 90 que ahora buscaba proyectar su influencia hacia fuera.

Si algo caracterizó a la administración de Chávez fue su agresiva política exterior. Desde el momento en que se abrazó la ideología nacionalista-corporativista del «socialismo del siglo XXI», la República bolivariana promovió una imagen de firme opositora al orden mundial construido alrededor del Consenso de Washington en 1989. Esto convirtió al gobierno Chavista en aparente antagonista del papel hegemónico que jugaba el FMI en América Latina. El nuevo rol de Venezuela se vio materializado en una serie de medidas expansionistas en el escenario regional latinoamericano. Por un lado, Chávez impulsó la creación de cuatro iniciativas petrolíferas Petrocaribe, Petroandino, Petrosur y Petroamérica en las que Venezuela actuaría como dirigente ofreciendo asistencia para desarrollo desde el up– hasta el downstream. Seguidamente, la República Bolivariana se unió al bloque comercial Mercosur y creó ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), una alternativa al tratado de libre comercio FTAA propuesto por EE.UU. Además, creó el Banco del Sur como contrapunte al Banco Mundial. Otra medida importante fue el realineamiento diplomático con Cuba mediante la asistencia en forma de envíos de crudo y la creación de nuevas operaciones conjuntas en telecomunicaciones que acabaron manifestándose en Telesur. La política exterior venezolana de esta época expresaba el deseo ardiente del movimiento bolivariano por crear una «multipolaridad» en la región americana alejada de la dominancia estadounidense, para crear su propio hueco como potencia regional hegemónica. A pesar de la retórica anti-imperialista y la oposición a la intromisión de multinacionales extranjeras en la industria del crudo nacional, Chávez utilizó de manera extremadamente hábil incentivos a las diferentes potencias que cortejaba diplomáticamente para invertir dentro del país y desarrollar empresas conjuntas. La hostilidad que profesaba a las empresas europeas o americanas (en 2004 Chávez aumentó significativamente las regalías a pagar de Exxon-Mobil, Shell y otras de las grandes firmas) desaparecía ante los proyectos ofrecidos a China, India, Vietnam o Rusia. Aun así, la dependencia de Venezuela al mercado de crudo americano crecía a la vez que se ponían en marcha esta política exterior expansiva que requería un flujo constante de altas rentas. Si durante la época de CAP la ilusión de la transformación definitiva de la economía venezolana se sustentó con el incremento cuadruplicado de los precios del crudo tras la crisis del 73, en la época de Chávez la ilusión del socialismo del siglo XXI se sustentó con el Proyecto Magna Reserva que otorgó la certificación a la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) como la mayor reserva del planeta en el año 2008.

La política exterior intrusiva de Chávez vino unida a un aumento en el presupuesto militar y una militarización de la propia política. El aparato de la burocracia estatal creció también de manera considerable; las oficinas de la presidencia aumentaron el personal un 86%, el ministerio de defensa un 57% y el ministerio de Energía e hidrocarburos un 61%. Este ávido interés en modernizar y renovar la estructura del Estado y las fuerzas armadas venezolanas se vieron retroalimentados por las vivencias del triple golpe del año 2002. De esta manera, Venezuela comenzó a estrechar lazos y unir capitales con naciones exportadoras de armas como China y Rusia. Este rearmamento condujo a unas políticas territoriales expansionistas que produjeron serias tensiones con los países vecinos de Venezuela. Dignos de destacar son los sucesos concernientes a Guayana y Colombia. En el caso de Guayana, Venezuela llevaba teniendo una disputa territorial con el país desde hace más de un siglo a causa de la delimitación de la llamada “Guayana Esequiba”, territorio colindante a la frontera venezolana que estos reclaman como propia. El asunto había quedado un poco en el aire hasta la certificación final de la FPO, donde parte de la faja atraviesa este territorio disputado. El conflicto llegó a las armas en 2007 cuando el ejército venezolano detonó explosivos en minas de oro dentro del territorio disputado[4]. La situación con Colombia tomó unos tonos bastante más dramáticos. La presidencia de Chávez coincidió con el ascenso al poder del presidente Álvaro Uribe, un abogado colombiano de la formación de extrema derecha Partido Centro Democrático. La enemistad entre ambos presidentes era palpable y ejemplificaba perfectamente el choque de intereses territorales que existía entre las buerguesías venezolanas y colombianas. La simpatía de Chávez por las FARC y el ELN, y su intento de lobbying para sacarlas de la lista de grupos terroristas de la UE creó una situación tremendamente tensa que acabo convirtiéndose en una crisis diplomática en 2008.

Delimitación de la Faja Petrolífera del Orinoco

El petro-estado venezolano durante la administración de Chávez puso en práctica su propia idea de “sembrar el petróleo”. Las rentas petrolíferas sirvieron para financiar las llamadas misiones y los círculos bolivarianos, organizaciones que funcioban como brazos corporativos del gobierno en los barrios más pobres de las grandes urbes venezolanas. Este tipo de organizaciones se justificaban como la forma de atender las necesidades más urgentes de los sectores más pobres de la población, ayudando a reducir notablemente la pobreza, la disminución del analfabetismo y la inclusión de grupos poblacionales antes marginalizados del escenario político. En la práctica, estos logros no fueron mas que efectos secundarios de la intención principal del chavismo, la construcción de una dependencia de los círculos y misiones de las petro-rentas del Estado. Haciendo de ellas órganos corporativos del movimiento bolivariano que se circunscribían a la órbita estatal, alejadas del aparato burocrático parlamentario.

· Crisis y agonía

La muerte de Hugo Chávez en Marzo de 2013 no pudo ocurrir en peor momento. La bonanza petrolífera que había disfrutado el Estado bolivariano a lo largo de la década de los 2000 parecía llegar a su fin. De hecho, el precio de barril de crudo en 2012 era de $125 nominales, en 2016 estaría por debajo de los $30. La bajada repentina del valor del barril se debió a otro exceso de oferta en el mercado. La principal causa de este exceso se debía a los efectos de la recesión global a causa de la crisis de 2008. La desaceleración económica supuso una caída notable de consumo. El repunte en el valor del dólar en 2014 también ayudo a generar una depreciación del crudo junto con la decisión de OPEC de abstenerse a cortar la producción para estabilizar los precios. La decisión de aumentar la producción de crudo por parte de Arabia Saudí y Emiratos Árabes provocó una fuerte confrontación con Irán, Venezuela y Algeria dentro del seno de la organización. Por último, la devaluación del Yuan en China y el levantamiento de las sanciones con el nuevo tratado nuclear de Irán crearon una reducción de demanda y un aumento de oferta al mismo tiempo.

Nicolás Maduro había comenzado a convertirse en una figura destacada dentro del gobierno bolivariano ya en el año 2006 con su nombramiento como canciller. Meses antes de la muerte de Chávez en 2012, fue nombrado sucesor del Comandante en el partido. El fallecimiento de Hugo Chávez tuvo consecuencias nefastas en el interior del país para el movimiento bolivariano. A fin de cuentas, Chávez había forjado una imagen tremendamente magnética y una administración con tendencias extremadamente presidencialistas. Sin la figura del gran hechicero del progreso, el socialismo del siglo XXI entraba en un momento de crisis importante que se unía a una depreciación del crudo en el mercado internacional. Esta depreciación fue especialmente severa ya que en 2012-13, el 90% de las exportaciones del Estado bolivariano estaban relacionadas con actividades petrolíferas. La muerte de Chávez también coincidió con el final de la ola de gobiernos izquierdistas en Latinoamérica con la destitución de Dilma Rouseff en Brasil y la victoria de Mauricio Macri en Argentina. La administración de Maduro comenzaba a perder apoyos internacionales muy necesarios en la época de crisis que se avecinaba. Sin embargo, la crisis política que se desencadenará a lo largo de su presidencia daba la sensación de no tener precedentes, ya que se vió exacerbada por una recesión continuada desde la muerte de Chávez y el desarrollo de una burbuja inflacionaria increíble. A esto hay que añadirle el ascenso de dos presidentes de gobierno con tendencias tremendamente hostiles hacia el gobierno bolivariano; Donald Trump y Jair Bolsonaro.

Habiéndose publicado numerosos artículos detallando el transcurso político a la crisis actual, en este artículo he considerado más relevante recalcar las transformaciones que ha sufrido la industria petrolífera venezolana durante el mandato de Maduro ya que mi objetivo ha sido poner en relación el papel de la industria del crudo en la creación del petro-Estado venezolano.

Imagen de las protestas en 2017

Se podría decir que PDVSA jamás ha estado en una situación tan lamentable como la que se encuentra hoy en día. En primer lugar, la corrupción endémica que sufre la sociedad venezolana, y muchos países latinoamericanos en general, se ha exacerbado en el sector petrolero. Una de las causas de esto es la llamada ”cultura del enclave”. Las explotaciones de crudo en Venezuela se llevan a cabo en lugares tremendamente aislados, por lo que la infraestructura petrolera precisa además recintos de apartamentos para alojar a los trabajadores y sus familias. El hecho de que los técnicos del crudo suelen ser gente que tiene un trasfondo propio del corporativismo burgués venezolano, a causa del conocimiento técnico requerido para operar la maquinaria y el alto poder adquisitivo que disfrutan respecto al resto de otros sectores laborales, ha favorecido el florecimiento de una cultura bastante elitista que existía ya desde antes de la época de Chávez. Si bien es cierto que el antiguo presidente sustituyó a aquellos elementos no leales por gente del propio partido, esta exclusión y sentido comunitarios favorecieron un tráfico de influencias privado y el sentimiento de propiedad sobre el propio crudo de la nación. Así, se producirán acusaciones entre dirigentes de diferentes facciones dentro de PDVSA de corrupción, como el caso de Bernard Mömmer en 2015 o del expresidente Rafael Ramírez en Enero de 2018. En segundo lugar, tanto la recesión económica que acosa a la nación, la corrupción, como el despido de gran cantidad de técnicos durante las legislaturas de Chávez, supusieron una caída dramática en la producción de crudo. Este declive productivo se ha visto exacerbado por la nula inversión en infraestructura que ha habido durante los últimos años y la falta de capital, siendo para la compañía más costoso dejar de producir crudo que seguir bombeando, ya que no tienen capacidad de almacenamiento. Esta incapacidad de almacenamiento se agudiza a causa del embargo impuesto por EE.UU el año pasado, debido a que el mercado americano supone un 40% de las exportaciones de crudo. En esta tesitura de crisis, empresas americanas y gobiernos como China o Rusia han sabido aprovecharse de esta inestabilidad. Goldman-Sachs ha ofrecido al gobierno de Maduro un préstamo de 865 millones de dólares en forma de compra de bonos del Estado y activos de PDVSA con una cotización real de 2.800 millones. China también ha ofrecido un préstamo a Venezuela por valor de $60.000 millones. Al contrario que Goldman-Sachs, los intereses de Beijing no son tanto la devolución de los préstamos como la renegociación de estos en forma de apertura del sector petrolífero venezolano a China. De  esta manera, el gobierno de Maduro paga el préstamo en forma de crudo y las restricciones al capital e inversión extranjeras en la FPO excluyen a China. En el caso de Rusia, los intereses de la nación tienen una naturaleza más política que económica. La ascensión de Putin como líder indiscutible del país ha venido acompañada de nuevas pretensiones imperialistas bañadas de nostalgia soviética y zarista. Para Putin es imprescindible tener una cabeza de playa dentro de la región latinoamericana y desde que Chávez inició su mandato lo ha conseguido. La relación rusa con Venezuela se ve concretada en forma de venta de armas y de facilitación de venta de crudo en mercados más reservados dentro de la esfera de influencia rusa, a través de la empresa estatal Rosneft. La insistencia rusa y china en mantener a Maduro en el poder se ha visto incrementada por las declaraciones de Guaidó de considerar nulos los acuerdos que se consideren “inconstitucionales”. El embargo puesto en marcha a finales de Enero de 2019 ha partido a PDVSA en dos. Una parte seguiría bajo en control del gobierno de Maduro en Venezuela, mientras que los activos que se encuentran en suelo americano se verían incautados por el gobierno de EE.UU y puestos en un fideicomiso a nombre de Juan Guaidó. Esta caótica situación legal pone a PDVSA en una situación muy comprometida ya que hay una cola de compañías y acreedores que llevan litigando contra Caracas desde la nacionalización de operaciones protagonizadas por Chávez años atrás. Curiosamente una de las empresas que están esperando en fila es Rosneft, a quien le habían vendido participación mayoritaria en Citgo como aval para uno de los numerosos préstamos que el gobierno de Maduro había pedido a Rusia. Los expertos afirman que la resolución de este conflicto legal probablemente ocurra en un juzgado americano, lo que aumenta la probabilidad de fallo a favor de Guaidó. Tanto es así que la coalición opositora de Guaidó ya ha nombrado una junta directiva interina para administrar Citgo.

El «Socialismo del Siglo XXI» era esto.

Por último, cabe mencionar que, el incremento de las hostilidades por parte de EE.UU contra Venezuela se debió a tres factores. Para comenzar, los primeros años de Donald Trump en la Casa Blanca no han sido fáciles. Entre filtraciones de su propio personal a la prensa, la cantidad de despidos y dimisiones en su esquipo de gobierno y las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de 2016 han dominado los ciclos informativos de 24 horas en Estados Unidos. La proyección de ambiciones extraterritoriales de manera concreta por parte de la administración Trump para consolidar su imagen de gobierno fuerte comienza aquí, para proseguir mas tarde en Irán e Iraq. En segundo lugar, nos encontramos con los intereses expansionistas de capitales como los de Brasil y Colombia. El caso de Colombia, mas que interés económico puro, se ha llegado a un punto social crítico, ya que la mayoría de los refugiados que huyen de Venezuela tienen como destino a Colombia, habiendo excedido a mas de un millón de personas. Brasil, por otro lado, ha encontrado con la nueva administración de Bolsonaro una nueva vocación imperialista, siendo uno de los objetivos del gobierno una expansión agresiva de su área de influencia en la región, como se ha visto en Bolivia. Ambos países han tratado de involucrar a los EE.UU en el conflicto regional desde hace tiempo. Para finalizar, hay que aclarar que el papel que juega el crudo en esta situación es mínimo. Como hemos repetido muchas veces, el mercado americano es vital para los venezolanos por lo que el tema del abastecimiento está fuera de la mesa. Las reservas de la FPO, aun a pesar de ser enormes, no son muy rentables a largo plazo ya que se trata de arenas petrolíferas y no crudo, lo que supone un proceso de refinamiento mucho más costoso. Poniendo el petróleo fuera de la ecuación, se puede ver que el motivo realmente subyacente a la involucración americana en esta crisis es la contención de influencia extranjera. A lo largo de las últimas de las décadas, la mayoría de las naciones africanas han sufrido un realineamiento político-económico para integrarse dentro de la esfera de influencia China. Durante este tiempo lo que el gobierno chino ha hecho, ha sido conceder créditos para infraestructuras sin ningún tipo de interés con unos plazos de devolución súperflexibles y la deslocalización de numerosas operaciones de producción manufacturera a África, a cambio se esperan ciertas reconsideraciones en la política exterior de estos países. Esto quedó patente en la votación de la ONU en 2007 para adoptar una resolución de condena a la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, dónde 43 de las 54 naciones africanas se abstuvieron o votaron en contra. La presencia de China en Venezuela ha hecho sonar las campanas de alarma en la Secretaría de Estado americana desde hace ya años, temiendo que lo que ocurrió en África pueda volver a repetirse en América Latina.

La pregunta que nos lleva a la conclusión de este análisis es, ¿ha sido la República bolivariana una aberración dentro de la historia venezolana?


[1] El tema de la fuga de capital en Venezuela es central a la hora de explicar la inflación crónica que padece el país desde los años 80 y que, con la implementación de medidas de cambio fijo de divisa, genera mercados negros de intercambio de moneda que a su vez fomentan burbujas hiperinflacionarias como la que se vive hoy en día. Este proceso será explicado en un artículo futuro de Marcos Sánchez Muriel.

[2] Coronil, pp. 397

[3] Me parece de recibo aclarar que, si bien en esta época es cuando se propaga socialmente esta visión, ya existía desde mediados de los 70 una visión más “liberalizante” de la economía nacional. Esta transformación apareció a raíz del fracaso de las políticas de industrialización y el estancamiento de la economía venezolana. Una de las figuras que mejor representa este cambio es el ministro de fomento de la administración de CAP; Manuel Quijada. Lejos de ser fanáticos del libre mercado, Quijada y muchos otros tecnócratas veían en las medidas de liberalización una respuesta a la influencia completamente politizada y asfixiante del Estado. Si bien estas medidas fueron implementadas de manera coherente y sistemática en países como Chile, en el caso de Venezuela la liberalización se usaba de manera bastante incoherente para dar respuesta a problemas estructurales propios de un petro-Estado.

[4] Este conflicto sigue vivo a día de hoy, el año pasado el presidente Maduro mandó capturar una barcaza de Exxon en la costa disputada con Guayana que realizaba prospecciones.

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Un comentario en “Miseria, gloria y agonía del petro-estado venezolano (III)

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