La economía del conocimiento

Marcos Sánchez Muriel

Las actividades de alto valor añadido en las que se especializa Estados Unidos (y en menor medida de otros países avanzados) se caracterizan por ser intensivas en el uso de capital intangible, basado en el conocimiento, la innovación y en conceptos relacionados como el diseño o la imagen de marca. Se estima que los activos intangibles representan entre un tercio y la mitad del valor de mercado de las corporaciones estadounidenses (Uppenberg 2010). Incluso estas cifras subestiman la importancia de los activos intangibles debido a que, por sus características, resultan difíciles de cuantificar y los sistemas de contabilidad aún no están adaptados.

El sector del conocimiento y la innovación, el motor del desarrollo económico global y la base del liderazgo de Estados Unidos se caracteriza por la intervención y planificación masiva del Estado a través de una política industrial sofisticada que incluye todo tipo de apoyo y subvenciones, directos o indirectos, a la industria privada; por los fallos de mercado; por la competencia de tipo monopolístico y los cárteles. Todo ello contribuye a la concentración del capital y los beneficios.

La naturaleza del conocimiento hace que resulte tremendamente difícil y artificial incorporarlo a un sistema de mercado basado en la propiedad privada, la competencia y el lucro privado. Uno de los principales problemas consiste en que gran parte del conocimiento tiene características de bien público, en la medida en que es un bien no rival y no excluible (Stiglitz 1999). El conocimiento, en general, es no rival porque, a diferencia de bienes privados como un coche o un helado, cualquiera puede hacer uso de un conocimiento sin limitar su capacidad de uso por parte de otros individuos. En este sentido, la generación de conocimiento da lugar a externalidades positivas de gran alcance para la sociedad en su conjunto. Sin embargo, los agentes privados, por definición, no toman en consideración las externalidades, positivas o negativas, a la hora de tomar decisiones; toman en cuenta únicamente sus propios coste y beneficios.

Es un bien no exclusivo porque, en general, resulta difícil excluir a otros de su acceso. Esto es especialmente válido para el conocimiento científico, que es explícito y comprensible para cualquier profesional formado, y en un mundo digital, que permite la copia y difusión del conocimiento de forma rápida, barata y sencilla. En la medida en que una empresa no pueda excluir a otros competidores del conocimiento que genere, éste no le proporcionará ninguna ventaja competitiva; todo lo contrario, pues los competidores se aprovecharían gratuitamente de los costes con los que ha cargado la empresa innovadora. En tal situación, el sector privado no tiene ningún incentivo para invertir en investigación.

Política industrial en la economía del conocimiento

La intervención del gobierno se lleva a cabo de diversas formas, más directas o más indirectas (Uppenberg 2010; Starrs 2014; Chomsky 1994; Panitch y Gindin 2012: 190-191). En primer lugar, la investigación básica se financia en su práctica totalidad con fondos públicos. El gobierno marca así las grandes líneas estratégicas de investigación. En Estados Unidos, el complejo militar-industrial ha tenido aquí una especial relevancia; bajo sus auspicios se desarrollaron tecnologías clave como los semiconductores, la electrónica, el GPS o Internet. El periodo entre el comienzo de la investigación básica y la explotación comercial es incierto y largo, fácilmente de décadas, de modo que en principio la industria privada tiene muy pocos incentivos para invertir en esta labor. En este estadio, es poco menos que imposible convertir el conocimiento en una propiedad privada susceptible de generar beneficios. Tampoco podemos olvidarnos de la educación, que es la precondición de la investigación, y cuya financiación es en buena medida pública.

Tienen también un papel destacado los programas de investigación conjunta a través de los cuales, además de la mera labor de investigación, se facilita la transferencia tecnológica del sector público al sector privado. Otra fórmula son las subvenciones: el gobierno pone el dinero, con algún tipo de coordinación o dirección, y el sector privado lleva a cabo la investigación. Entre los 50 y los 90, el gobierno financió entre el 50 y el 70% del gasto total en I+D (Chang 2007: 29-30).

Cuando la tecnología llega a un punto aplicable pero aún precomercial, el gobierno, generalmente a través de sus ramas militares, actúa como comprador de los nuevos productos, demasiados caros aún para su explotación comercial. La financiación sigue siendo en última instancia estatal, pero se lleva a cabo por una vía más indirecta.

Cuando después de años, frecuentemente décadas, las tecnologías entran en su fase comercial, se cede su explotación al sector privado. En este punto, las corporaciones ya pueden obtener rendimientos a la investigación, pues la innovación aquí suele tener un componente importante de conocimiento táctico, como know-how industrial o conocimiento incorporado en el personal cualificado o en la estructura organizacional, a lo que se suma la práctica del secreto industrial (Chang 2007: cap. 6; Uppenberg 2010). Alcanzar este tipo de conocimiento conlleva unos costes y un tiempo de retraso para los competidores, de forma que el pionero disfruta de una suerte de monopolio temporal. Además, recibe un premium por la reputación y empieza con ventaja la carrera por las ganancias en eficiencia y productividad de la nueva tecnología.

Patentes y sector IT

Aun así, en la medida en que el conocimiento genera externalidades positivas y su adquisición es más sencilla que su descubrimiento, el sector privado tenderá a invertir en I+D de forma insuficiente en relación con su beneficio social. Se habla, por tanto, de fallo de mercado en la investigación (Uppenberg 2010). Esta es la justificación de las patentes (y otro tipo de subsidios como ventajas fiscales o subvenciones). Nótese que al sector privado le interesará exagerar el carácter no excluible del conocimiento y minimizar las vías por las que la innovación les proporciona beneficios al margen de las patentes con el fin de presionar por una mayor protección de los derechos intelectuales.

Las patentes constituyen un régimen legal de apropiación del conocimiento por el cual el Estado otorga y garantiza el monopolio sobre la explotación de un determinado conocimiento. Los productos o servicios en los que el conocimiento patentado está incorporado se venden entonces a precio de monopolio, muy superior al precio de mercado, de manera que la empresa innovadora obtiene unos beneficios elevados que la compensan por la inversión en I+D (Baker 2016: cap. 5).

Este régimen de apropiación entra en conflicto con el carácter cooperativo y acumulativo de la investigación, y con la dimensión orgánica y relacional del conjunto del conocimiento. La investigación solo puede avanzar haciendo uso del conocimiento anterior, y si éste está patentado los costes de la investigación ulterior se disparan y, lo que es peor, se da pie a las estrategias de litigación agresiva, favorecidas por la gran ambigüedad, complejidad e incertidumbre jurídica que caracteriza las patentes debido a que el conocimiento se pliega mal a la mercantilización en forma de unidades separadas y diferenciadas entre sí (Chang 2007: cap. 6).

Este último punto es especialmente importante. Aparte de producir rentas de monopolio para sus propietarios, que es su propósito deliberado, con frecuencia el principal valor de las patentes para las empresas es otro: la capacidad de atacar e intimidar legalmente a sus competidores, reales y potenciales (Uppenberg 2010; Baker 2016: cap. 5). La interminable serie de batallas legales entre Samsung y Apple es un caso muy conocido de este fenómeno.

En última instancia, si un campo ha de avanzar, se hace necesario que al menos las principales corporaciones cooperen en la investigación, en lugar de obstaculizarse mutuamente. Por este motivo, el Estado promueve y en ocasiones impone la formación de cárteles en los que se comparten las patentes relevantes (Uppenberg 2010; Chang 2007: cap. 6), como ocurrió en el sector de los semiconductores.

En suma, el sistema de patentes da lugar a una gran concentración del capital y los beneficios en torno a unas pocas grandes corporaciones por cada sector, que disponen de un stock de patentes acumulado con el que atacar y defenderse, y de abundantes recursos legales. Para los nuevos y pequeños competidores, en cambio, las barreras de entrada son desalentadoramente elevadas. El destino de las start-ups, por regla general, será orbitar en torno a las grandes corporaciones y finalmente ser adquiridas o eliminadas.

La tendencia en las últimas décadas ha sido de ampliación constante de la protección de los derechos de propiedad intelectual en todos los frentes: aumento de la duración de las patentes, de los tipos susceptibles de ser patentables (cada vez partes más pequeñas, controvertidas o dudosas de conocimiento), mayores penas por infracción y, crucialmente en una economía globalizada, el gobierno de Estados Unidos ha negociado y presionado por la extensión internacional de sus estándares de propiedad intelectual a través de acuerdos bilaterales, internacionales en el seno de la OMC, como el TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), o como parte de los denominados acuerdos de libre comercio. Sin embargo, no hay evidencia de que este aumento de la protección de la propiedad intelectual se haya traducido en una mayor productividad o beneficios sociales de la investigación (Baker 2016: cap. 5; Chang 2017: cap. 6).

Por otro lado, el ámbito IT favorece especialmente la concentración de capital por motivos intrínsecos, pues consiste en ecosistemas tecnológicos basados en la interoperabilidad y la interconexión, lo que exige la adopción de unos estándares y da lugar a unas relaciones de complementariedad y dependencia entre los distintos dispositivos y sistemas (Cañizares 2017; Dedrick y otros 2010).

Los propietarios de los estándares o diseños cruciales, como Intel o Microsoft, gozan de un gran poder de mercado que les permite obtener beneficios supernormales. Se puede hablar de cuellos de botella o pasos obligados tecnológicos, similares a los monopolios naturales clásicos. Lo mismo ocurre en la economía de Internet con las plataformas clave, como Amazon, Google o Facebook. La competición es de tipo monopolístico, basada en estrategias que priman la expansión por encima de los beneficios (a corto y medio plazo), con prácticas como los precios predatorios, hasta alcanzar una posición dominante de mercado, que constituye el activo más codiciado (Khan 2017). Es una estrategia que los inversores han respaldado, aunque implique esperar años hasta obtener beneficios. Amazon es un caso paradigmático de este fenómeno.

Evasión y elusión fiscal en la economía del conocimiento

El 60% del comercio internacional es intraempresa, es decir, se trata de transferencias de bienes y servicios entre filiales de distintos países de una misma corporación transnacional. Según el principio de plena competencia en el que se basa la fiscalidad internacional, estas transferencias deben cobrarse a precio de mercado, es decir, al precio que hubieran acordado las dos partes si fueran independientes. La realidad es muy distinta, y las corporaciones inflan abusivamente los precios, o todo lo contrario, en sus transferencias internas, de modo que transfieren beneficios desde las jurisdicciones con mayor carga fiscal hacia las filiales establecidas en paraísos fiscales (Palan y otros 2010; Zucman 2014). En ocasiones se efectúan pagos por transacciones ficticias. Es lo que se conoce como transfer pricing o precio de transferencia (en general este término se refiere específicamente al uso abusivo o fraudulento de los precios de transferencia). Dado el volumen y la complejidad de estas transacciones, resulta difícil para las autoridades detectar esta práctica. Otra estrategia similar es la explotación de las incoherencias entre los regímenes fiscales de distintos países, lo que, por ejemplo, permitió a dos filiales de Apple ser apátridas fiscales durante varios años (Seabrooke y Wigan 2014).

Los activos intangibles, como derechos por imagen de marca, software o propiedad intelectual se prestan especialmente a esta práctica por varios motivos (Guvenen y otros 2016). En primer lugar, su transferencia es extremadamente sencilla, de hecho, en tanto son intangibles, su transferencia es poco menos que una virtualidad contable. Los activos físicos como fábricas y maquinaria, propios de las economías basadas en la manufactura, en cambio, no pueden transferirse. La situación es aún más extrema en el caso de la economía digital a través de Internet, pues las compañías no necesitan tener presencia física en las jurisdicciones en las que operan.

En segundo lugar, los activos intangibles son notablemente difíciles de tasar. En general, no son bienes de mercado que se compran y se venden, sino que suelen tener un valor único para la empresa (por ejemplo, los derechos de uso de la marca Apple tienen valor solo para Apple), por lo que no hay un precio de mercado que sirva de guía. En consecuencia, con los activos intangibles la capacidad para distorsionar precios es máxima y el riesgo a ser sancionado mínimo.

Economía del conocimiento y desigualdad

En conclusión, la economía del conocimiento actual favorece la desigualdad a través de varias vías:

– La redistribución de fondos públicos hacia un sector privado privilegiado y ultrarrico a través de la pauta de funcionamiento central de la economía del conocimiento: inversión pública, beneficios privados.

– Debido a diversas barreras de entrada, concentración del mercado y competencia escasa y de tipo monopolístico, que incrementan y concentran los beneficios en unas pocas grandes corporaciones.

– Mediante la presión política de grupos de interés, una protección excesiva de la propiedad intelectual, que aumenta los precios a los consumidores (algo especialmente relevante en el caso de costes sanitarios).

-A través de la elusión y evasión fiscal que favorece la economía del conocimiento globalizada y los activos intangibles que la caracterizan.

Fuentes seleccionadas:

Baker, D. (2016). Rigged: How Globalization and the Rules of the Modern Economy

Were Structured to Make the Rich Richer. Washington, D.C., Center for

Economic and Policy Research.

Cañizares, J. (2017). The Information Society: Technological, socio-economic and

cultural aspects. Prolegomena for a sustainability-oriented ethics of ICT.

University of Twente.

Chang, H.J. (2007) Bad Samaritans: The myth of free trade and the secret history of

capitalism. Bloomsbury Press.

Chomsky, N. (1997). World Orders, Old and New. London, Pluto Press.

Khan, L. M. (2017). Amazon’s antitrust paradox. The Yale Law Journal126 (3), 710-

805.

Palan, R., Murphy, R., &

Chavagneux, C. (2010). Tax havens: How globalization really

works. Cornell University Press.

Stiglitz, J. (1999). Knowledge as a global public good. In Kaul, I., Grunberg, I. and

Stern, M. A. (Eds). Global Public Goods, (pp. 308-325). The United Nations

Develpment Program (UNDP), Oxford University Press.

Uppenberg, K. (2010). The Knowledge Economy in Europe: A Review of the 2009 EIB

Conference in Economics and Finance. Luxembourg, European Investment

Bank.

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