El estado de la lucha en Bolivia

por José Lastra Zorrilla

Tras haber narrado los sucesos en el país andino que llevaron al golpe, volvemos a Bolivia para analizar lo que ha ido ocurriendo desde Noviembre del año pasado hasta hoy.

En la conclusión del artículo que escribí el año pasado sobre la crisis política boliviana dejaba entrever que los bolivianos tenían ante ellos un “futuro bastante incierto y poco halagüeño”, pero a la vista de los sucesos que han ido ocurriendo a lo largo de los últimos meses, me temo que esta afirmación se ha quedado bastante corta. ¿Qué ha sucedido en Bolivia durante este último año?

· Las secuelas inmediatas del golpe

Como ya habíamos comentado en el anterior artículo, Jeanine Áñez, encabezando la Unión Democrática, junto con el sector opositor más radical, encarnado en la Unión Juvenil Cruceñista de Camacho en alianza con la burguesía indígena del Potosí encuadrada en el COMCIPO, consiguieron dejar fuera del cambio de gobierno a Carlos Mesa y al movimiento “democrático” pequeño-burgués 21-F. Poco después de la toma de poder, los epígonos del imperialismo atlántico no tardaron en reconocer la legitimidad del nuevo gobierno, desde la OEA y la EU, hasta Brasil y EE.UU. A partir del 12 de Noviembre, momento en el que Áñez se auto-declaraba Presidenta interina de la República boliviana sin quorum legislativo, comenzó una pugna institucional inmediata entre el gobierno interino y el MAS, que seguía poseyendo la mayoría en la Asamblea legislativa, con el objetivo de aclarar el estado de las anteriores elecciones, convocar nuevos comicios y la validez de Evo Morales como candidato.

Simultáneamente a estas escaramuzas entre el legislativo y el ejecutivo boliviano, la caída del gobierno de Morales abría espacio para un choque frontal entre la burguesía Aymara del Alto, que convenientemente movilizaba ahora a campesinos y trabajadores tras observar que sus privilegios dentro del estado corrían peligro, y las fuerzas del orden del gobierno interino. Escasos días después de la investidura de Áñez, en unas jornadas reminiscentes a la “Guerra del gas” de 2003, las movilizaciones de manifestantes pasaron de un carácter meramente performativo de disidencia a tomar un cariz más táctico y agresivo, bloqueando infraestructuras y el abastecimiento de combustible con el objetivo de debilitar la posición del gobierno de Áñez. La contestación del ejército fue brutal. Como forma de hacerse valer ante el nuevo gobierno interino, y al mismo tiempo despejar dudas sobre a quien le debían lealtad tras haberse sumado al golpe con cierta demora, la respuesta de las fuerzas armadas acabó cobrándose la vida de 10 personas, con otras 65 resultando heridas. Los sucesos llegaron a requerir un llamamiento de la ONU para desescalar la violencia. Meses más tarde se haría saber que el ejército boliviano, con supervisión de asesores paramilitares colombianos, habría tomado parte en una campaña de violencia y represión contra aquellos manifestantes involucrados en la toma de la estación petrolífera de YPBF de Senkata, registrándose 96 casos particulares de tortura. Este esfuerzo de terrorismo de estado se vio amparado por el ejecutivo a través de la aprobación del Decreto Supremo 4078; decreto que otorgaba a las FF.AA. permiso explícito para llevar acabo operaciones contra civiles con el objetivo de restablecer el orden público, eximidas de cualquier responsabilidad penal.

Mientras los trabajadores y campesinos bolivianos sufrían el sadismo por parte de los diferentes organismos de represión del estado, la oposición masista centraba sus esfuerzos, no en canalizar una respuesta directa al ejecutivo interino, si no en ganarle el pulso institucional al gobierno de Áñez, intentar colocar a Morales en el senado y organizar una nueva campaña electoral desde Argentina. Curiosamente es en este momento cuando aparecen las primeras fracturas dentro del grupo más radical de la oposición al masismo con la filtración de un audio de Marco Pumari. En esta grabación se escuchaba al representante de Potosí pedirle a Camacho el pago de 250.000$ y el control de dos aduanas a condición de aceptar el puesto de vicepresidente en su candidatura conjunta para la presidencia. Camacho aprovechó la oportunidad para distanciarse de Pumari y la burguesía indígena corporativista del COMCIPO. Este distanciamiento tan solo reflejaba la naturaleza efímera de la alianza táctica forjada en el momento del golpe entre un sector indigenista burgués, agraviado por su reparto de capital dentro del capitalismo de estado boliviano, y la burguesía colonial blanca más recalcitrantemente racista. Sin embargo, la torpeza de Camacho al realizar esta maniobra acabó explotándole en la cara cunado reconoció públicamente por error que había sido él mismo quién había filtrado el audio. A lo largo del mes de Diciembre, diferentes grupos “cívicos” y “pro-democracia” presionarían a Camacho para que se reconciliara con Pumari. De esta manera ambos llegan a un acuerdo a principios de 2020 con la fundación de su nuevo partido “Creemos”, en el que Pumari volvería a retomar el papel de candidato a la vicepresidencia, no sin antes torpedear por completo la imagen de la oposición al masismo en la campaña electoral.

· Rumbo a las elecciones

Impulsada por las rencillas entre los diferentes grupos que conforman la oposición al masismo, la campaña electoral del MAS tomó la iniciativa a finales de Enero con la presentación de un “ticket presidencial” que apuntaba directamente a reconquistar esa base pequeño-burguesa mestiza y urbana que orbitaba alrededor de Carlos Mesa. Así, la candidatura del MAS pasaría a estar formada por Luis Arce, antiguo ministro de economía y tecnócrata, como candidato a la presidencia junto con el exembajador indigenista David Choquehuanca. La elección de Arce, responsable de los proyectos de industrialización durante la primera legislatura de Morales, como candidato a la presidencia no haría más que cimentar el papel del estado como agente capitalista por excelencia que había cobrado un mayor protagonismo durante el “viraje conservador” de la segunda legislatura de Morales. El gobierno interino actúo con rapidez al nombramiento de Arce abriendo una investigación por corrupción dirigida contra él. Sin embargo, esto no pareció poner freno la estrategia del MAS, que veía refrendada su propuesta de candidatura con unos sondeos muy favorables a finales del mes de Enero, escalando en popularidad gracias al desgaste e incompetencia del gobierno interino y la fractura de los diferentes grupos que conformaban la oposición al masismo.

· La crisis del COVID-19

A medida que se iba preparando la batalla electoral en Boliva, a principios de Marzo se registraron los dos primeros casos de COVID-19. Así, el día 11 de Marzo Áñez declara una emergencia nacional con el fin de “agilizar los fondos necesarios para frenar el virus y atender simultáneamente cualquier contingencia que se presente”. Sin embargo, el gobierno interino no daba puntada sin hilo; ese mismo mes se anuncia que las elecciones se convocarán el 6 de Septiembre para garantizar la “seguridad sanitaria”, y el día 25 se aprueba el Decreto Supremo 4200, que, junto con el 4078, supondría una escalada en la acumulación de autoridad unilateral del estado para controlar y combatir la disidencia anti-gubernamental. De especial mención es el artículo 13.2 del decreto, donde se estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. El lenguaje poco claro impreso en el artículo y el Decreto Supremo en general dan pie a interpretaciones muy liberales acerca de que puede ser considerado como “desinformación” o “generar incertidumbre”, algo que ya ha sido denunciado por Human Rights Watch como una manera del gobierno de “arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’”. De hecho, el abuso de la “liberalidad” interpretativa del artículo 13.2 no se hizo esperar, y en Abril 67 personas fueron arrestadas por practicar “guerrilla virtual” contra el gobierno por orden del Ministro del Interior Antonio Murillo.

De esta manera ha estado respondiendo el gobierno interino a las críticas cada vez más habituales dentro del país por la penosa gestión que se está haciendo en respuesta a la crisis del COVID-19. Una gestión que comenzó con la auditoria de fondos y equipos disponibles del Sistema Universal de Salud en Noviembre. Esto ha contribuido a una falta generalizada de equipos de bioseguridad, médicos y de personal sanitario, provocando oleadas masivas de huelgas sanitarias en hospitales como el de San Juan de Dios, La Paz, Pampa de la Isla, Huanuni, Bermejo, Santa Cruz, Quillacollo, Gregorio Pacheco, Palos Blancos o El Alto. Todas estas huelgas señalaban las ínfimas condiciones de seguridad y protección, sobrecarga de trabajo y falta de recursos para desempeñar las funciones mínimas necesarias para hacer frente a la pandemia; desde médicos, a conductores de autobús, hasta llegar a personal de limpieza e incluso sepultureros. Ante la respuesta de acallar disidentes por parte del gobierno y su ineptitud a la hora de crear un plan de contención vírica coherente, Arce y el masismo vieron una oportunidad de oro para dinamitar la legitimidad decreciente del ejecutivo. Sin embargo, los ataques del MAS a la gestión del interino esconden el abandono hipócrita de la infraestructura sanitaria que Bolivia ha sufrido durante el mandato de Morales. No en vano la OMS comunicó en Mayo al gobierno boliviano que, para cumplir con los parámetros mínimos de respuesta, se necesitaban más centros sanitarios, habiendo en Bolivia tan sólo 34 hospitales públicos cuando deberían ser 149. Muchos, incluso, no cumplen con las condiciones necesarias para ser catalogados como centros de tercer nivel. Esto sin tener en cuenta los 45 hospitales propiedad de la Iglesia Católica, del sector privado, la Caja Nacional de salud y otros pertenecientes a la Seguridad social que han empezado a ser expropiados por el gobierno interino para su uso público, lo que ha hecho encolerizar a los empresarios de Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). La suma de todos los hospitales de tercer nivel tan sólo alcanzarían el total de 79 nosocomios, abarcando a duras penas la mitad del mínimo requerido. Lo que este hecho evidencia es una negligencia estructural de inversión en salud pública durante el mandato de Morales, que se ha traducido en estos últimos meses en el cierre de numerosos hospitales, por la cantidad de sanitarios infectados, la devastación de las comunidades campesinas indígenas más aisladas que no tienen fácil acceso a hospitales, donde la gente muere literalmente en la calle, y una escalada masiva de muertos.

En este contexto asolador de vulneración continuada de las libertades individuales básicas de los ciudadanos bolivianos por parte del estado, las condiciones laborales draconianas derivadas de una falta de inversión crónica en infraestructura sanitaria y descomposición del tejido social de numerosas comunidades indígenas, el Tribunal Supremo Electoral decide retrasar las elecciones del 6 de Septiembre al 18 de Octubre a petición de Jeanine Áñez. Ante esta situación, Carlos Huarachi, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), impulsado por Morales y el MAS, llama a una huelga indefinida para combatir la postergación de elecciones. La huelga comienza el día 3 de Agosto con una gran movilización de las organizaciones de la burguesía indigenista y la aristocracia obrera boliviana que conforman el COB; la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), las Seis Federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación de Campesinos de Túpac Katari y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).

La gran mayoría de estas organizaciones habían dejado caer a Evo y al masismo con el objetivo de poder entrar a renegociar dentro del estado su posición corporativa, llegando al punto de ser tildados de “traidores” por los más distinguidos defensores de Morales. Sin embargo, el descoloque de Mesa y la oposición moderada dentro de la conformación de un gobierno interino profundamente anti-indigenista y autoritario amenazó con echar por tierra los planes de la burguesía indigenista y se vieron obligados a apoyar de nuevo al masismo con el fin de proteger sus privilegios históricos. Aún así, la convocatoria de huelga resonó entre las filas de jornaleros y obreros bolivianos, hartos de la represión estatal y una crisis sanitaria que no parece tener fin. El despliegue real de un campesinado y proletariado boliviano sin mucho que perder produjo un revés real en la estrategia masista de oposición al gobierno interino. La toma callejera y la resistencia que presentaron los manifestantes, azuzados en un principio por el MAS y las organizaciones colindantes del COB, contra los grupos ultras cruceñistas y las fuerzas de represión del estado, dejaron constancia de la verdadera fuerza de esta política de masas, asustando una pequeña burguesía que Arce llevaba meses cortejando. De esta manera, el gobierno usó la oportunidad para atacar las movilizaciones, descalificándolas como las causantes de más muertes en la zona de El Alto, ya que los cortes de tráfico no dejarían pasar los suministros médicos a la ciudad. Camacho iría más lejos, enviándole un ultimátum a Áñez para que “no se sometiera” y levantase por la fuerza los “bloqueos criminales”. Al mismo tiempo comenzaban a difundirse en las redes sociales mensajes racistas contra los manifestantes que eran compartidos ávidamente por los grupos afines a Mesa y la oposición moderada.

Con el fin de impedir una posible ruptura sin enmienda de los esfuerzos de acercamiento del MAS a los votantes urbanitas mestizos, Morales y Huarachi deciden claudicar. Esta decisión fue recibida como un baño de agua fría dentro de los sectores del sindicalismo boliviano más militantes, que expresaban su frustración en público afirmando que el MAS sufría “auto-derrota”. Para pintar una escena más detallada, podemos sacar a colación las palabras de Eddy Condori, exdirigente de la federación de juntas vecinales de El Alto: “han utilizado a todo el pueblo alteño haciéndoles bloquear las calles matiné, tanda y noche. Lo que más me duele, es que utilizaron a la gente para nada porque los masistas no lograron mover ni un pelo al gato. No han conseguido nada y me duele en el alma que a mis vecinos hayan utilizado como carne de cañón”. Esta frustración con la política calculadora y netamente electoralista del MAS se ha hecho manifiesta con la continuación de las movilizaciones, ignorando las peticiones del MAS y COB, hasta conseguir la dimisión del gobierno de Áñez.

· Futuros choques y movilizaciones

A pesar de que la intensidad de las protestas ha ido disminuyendo hasta su cese a principios del mes de Septiembre, la fractura entre los objetivos electoralistas de Morales y Arce, y las necesidades materiales de los trabajadores bolivianos ya se ha hecho patente.

Dejando a un lado la debacle masista de Agosto, las últimas encuestas muestran un resultado favorable para Arce. La fractura del voto de la oposición al masismo, que se niega a orbitar dentro de un frente político dirigido por Mesa, junto con la penosa gestión de la pandemia y la descarada vulneración de los derechos básicos de los ciudadanos por parte del gobierno interino, hacen una victoria del MAS un hecho más que probable. Incluso en el caso de que se formara un frente “anti-masista” alrededor de Mesa en la segunda vuelta, la Asamblea legislativa probablemente seguiría contando con una mayoría de representantes del masismo, otorgándoles una buena baza para someter a pulso cualquier medida del gobierno. La probabilidad de una “vuelta a la normalidad” tras los comicios podría quebrar esta autonomía incipiente que han experimentado los obreros y campesinos bolivianos durante la huelga general, siempre y cuando el interino y la oposición masista no intenten volver a dar un golpe de timón.

Las movilizaciones autónomas de trabajadores y campesinos que acabaron deslindándose de la línea del oficialismo han constatado la capacidad que poseen para alterar el curso del teatro político nacional. La pregunta ahora yace en si la defensa de las necesidades humanas básicas contra la tiranía del capital y la frustración con las políticas sindicales y masistas darán lugar a una consideración dentro de la clase obrera boliviana de “clase en si” a “clase para si”. Esperemos que este sea el comienzo de un despertar en la consciencia revolucionaria de los trabajadores bolivianos.

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