El ingrediente secreto de las vacunas COVID: dirigismo estatal

Autor: Marcos Sánchez Muriel
Este texto fue publicado originalmente en El Viejo Topo, núm 402-403

Durante muchos años, las grandes farmacéuticas han sido poco menos que el malo de la película, objeto no solo de críticas bien fundadas, sino también de toda clase de conspiraciones delirantes. Sin embargo, este año nos han traído las vacunas contra el COVID-19, y lo han hecho en un tiempo récord y con una tecnología puntera y eficaz. Entonces, parece que las farmacéuticas no son tan malas al fin y al cabo, ¿no? La realidad es muy distinta y mucho más compleja que esta impresión superficial.

En este artículo mostraré hasta qué punto los sistemas de innovación actuales dependen del Estado, que opera a través de un conjunto rico, complejo y diverso de instituciones públicas. También discutiré algunos de los principales problemas y contradicciones que surgen de la privatización del conocimiento. Para ello, tomaré como estudio de caso las vacunas de Moderna y de Pfizer-BioNTech, que usan esencialmente la misma tecnología.

Una científica húngara en los años 90

En 1995, Katalin Kariko se encontraba en su momento más bajo.

Después de que durante años todas sus solicitudes de financiación para proyectos de investigación fueran rechazadas, su empleador, la Universidad de Pennsylvania le ofreció dos opciones: o se iba o debía aceptar una reducción importante de sueldo y la pérdida de su actual posición, que le habría dado acceso con el tiempo a un contrato de profesora titular. Su carrera científica parecía haber llegado a un callejón sin salida. Kariko tenía entonces 40 años y la semana anterior le habían diagnosticado un cáncer. Para empeorar las cosas, su marido estaba atrapado durante meses en Hungría por un problema con las autoridades migratorias.

En tales circunstancias, casi cualquier persona habría abandonado. Por suerte para la humanidad en 2021, Katalin Kariko no lo hizo. Aceptó la humillación y las penurias de la degradación y perseveró durante años, movida únicamente por su vocación científica y su fe inquebrantable en las posibilidades de su línea de investigación: las aplicaciones terapéuticas del ARN mensajero.

Dos años más tarde, en 1997, Kariko se encontró por casualidad en la fotocopiadora de la facultad con Drew Weissman, un inmunólogo que se acababa de trasladar a la Universidad de Pennsylvania y que compartía su interés por el ARN mensajero. A diferencia de Kariko, que continuaba siendo una parias académica, Drew Weissman sí tenía acceso a algo de financiación para sus experimentos. Como una suerte de científicos indie, iniciaron una colaboración de años en un laboratorio destartalado en una esquina de la facultad (así lo describen algunos compañeros de aquella época).

“Cobraba menos que el técnico de laboratorio que trabajaba a mi lado, pero Drew me apoyaba y me centré en eso, en lugar de en los obstáculos a los que me enfrentaba”, recuerda Kariko en una entrevista. También recuerda los domingos entrando en el laboratorio a las 6 de la mañana, o días de Navidad y Nochevieja escribiendo solicitudes de fondos para investigación.

Su larga travesía en el desierto terminó en 2005, cuando publicaron un descubrimiento fundamental sobre el ARN que abrió la puerta a su aplicación terapéutica y, 15 años más tarde, a las vacunas Covid.

Antes de continuar, he de detenerme unos momentos a explicar de manera muy sucinta las bases la tecnología de ARN mensajero. Espero que esta cautivadora historia de superación personal haya capturado vuestro interés lo suficiente como para seguir conmigo.

El ARN, al igual que el ADN, es un ácido nucleico; son moléculas muy parecidas.  El ARN se sintetiza en el núcleo de las células copiando la información de un trocito de ADN, es decir, de un gen. Después, esta molécula de ARN sale del núcleo y lleva esta información genética hasta las fábricas de proteínas de la célula, que se llaman ribosomas. Por este motivo, esta clase de ARN se llama ARN mensajero (ARNm para abreviar, también es frecuente ver las siglas en inglés RNAm). En los ribosomas, siguiendo la información contenida en el ARNm, que a su vez es una copia de la información del ADN, se sintetiza la proteína que sea.

De inmediato podemos imaginar las amplísimas aplicaciones médicas del ARNm: si conseguimos meter en las células ARNm que hayamos diseñado, podemos conseguir que nuestras células fabriquen las proteínas que queramos.

El problema era que, cuando se inyectaban moléculas de ARN en animales, su sistema inmune generaba una reacción inflamatoria muy grave. Esto significaba que la tecnología ARNm aún no estaba madura para la aplicación médica y comercial. Todavía había que investigar por qué y cómo el ARN producía esa reacción inflamatoria y, una vez que se supiera, si es que se llegaba a saber, ver si se podía encontrar alguna solución, algo también incierto.

En tales circunstancias, por supuesto, es impensable que una empresa privada vaya a invertir en esa línea de investigación. Incluso la financiación del sector público llegó con cuentagotas, como ya hemos visto. Para bien o para mal, el sector público también decide privilegiar la investigación aplicada sobre la investigación básica. Tiene cierta lógica que, dado que la investigación científica es una actividad tan costosa, se de preferencia a las líneas que prometen generar de manera más o menos directa un beneficio para la sociedad. Pero, por otro lado, toda investigación aplicada se apoya siempre en investigación básica previa, por lo que su valor es también indiscutible.

Sea como sea, lo cierto es que si alguien iba a financiar esa línea de investigación, era el sector público. En efecto, en su revolucionario artículo de 2005, Kariko y Weissman indican como fuente de financiación varias subvenciones del NIH, el National Institute of Health, un organismo público de Estados Unidos que actualmente invierte al año más de 40.000 millones de dólares en investigación biomédica, lo que lo convierte en la mayor fuente de financiación mundial en este campo. Aunque el NIH posee sus propios laboratorios, que llevan a cabo una importante labor investigadora, más del 80% de su presupuesto de investigación se concede en forma de subvenciones que los científicos del país pueden solicitar en régimen de concurrencia competitiva.

El gran descubrimiento que Kariko y Weissman presentaron en su artículo fue que haciendo ciertas modificaciones al ARN se evita que el sistema inmune reaccione contra él. Se abría así la puerta a su aplicación terapéutica.

Llegados a este punto, el ARNm podía finalmente tener un interés comercial. De hecho, Kariko y Weissman montaron una empresa llamada RNARx para intentar desarrollar y comercializar su descubrimiento. Sin embargo, en 2010 la Universidad de Pennsylvania vendió (más correctamente, licenció) la serie de patentes a una empresa llamada CellScript, cuyo dueño había identificado correctamente su potencial. Posteriormente, CellScript sublicenció la patente a Moderna y BioNTech por 75 millones a cada una, que finalmente desarrollaron sendas vacunas contra el COVID basadas en ARNm. Así funciona el mercado de las patentes: los descubridores aparecen en el documento como inventores, pero generalmente es su institución (empresa, universidad) la verdadera dueña de la patente. Después, la patente se licencia y sublicencia según contratos complejos y el pago de millones de dólares hasta que al fin, con suerte, se desarrolle y se ponga en uso.

Es fácil caer en la tentación de presentar la historia de Kariko como una fábula en la que la perseverancia y el esfuerzo del individuo triunfan sobre todas las adversidades; una perfecta fábula neoliberal. Pero durante mucho tiempo fue todo lo contrario. En los pasillos de la Universidad de Pennsylvania, la historia de Kariko era una moraleja, un aviso para navegantes que contribuyó a disuadir a muchas personas de la carrera científica o, si continuaban, de perseguir líneas de investigación más innovadoras y originales.

Kariko es una superviviente, una carambola y un outlier. Los avances científicos no deberían depender del heroísmo de científicos individuales, ni de su capacidad para aguantar condiciones de explotación, precariedad y miseria durante años.

Moderna y BioNTech

BioNTech se fundó en 2008 en Mainz, Alemania, y Moderna en 2010 en Cambridge, Massachusetts. El objetivo de ambas era el desarrollo de nuevas terapias para el cáncer, principalmente, y también para enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Desde un punto de vista puramente comercial, esta decisión tenía todo el sentido del mundo, pues estas áreas son muy lucrativas, a diferencia de las vacunas.

Este es un problema muy grave y conocido de la industria farmacéutica: sencillamente, los incentivos de lucro no están alineados con el bien social. Las vacunas y los antibióticos, que con toda probabilidad son los fármacos que más contribuyen a la salud pública, son por muchos motivos áreas muy poco atractivas para las compañías farmacéuticas, que prefieren centrarse en otros productos que generan menor beneficio social pero mayor beneficio privado. Así, mientras los científicos llevan décadas avisando de que se nos echa encima una crisis por la resistencia a antibióticos, las farmacéuticas han estado abandonando ese campo en masa. El problema queda ilustrado de manera triste y cómica en un informe de Goldman-Sachs: “¿Es curar a los pacientes un modelo de negocio sostenible?”

No fue una visión comercial lo que hizo a Moderna entrar en el negocio de las vacunas, sino que fue una idea que vino del sector público, que no tiene como objetivo el beneficio económico, sino la utilidad social (también, sin duda, otros objetivos menos edificantes como la supremacía tecnológica). En concreto, fue el DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) el organismo que decidió en 2011 hacer una apuesta fuerte por las vacunas basadas en ARNm.

Para quien no lo conozca, el DARPA, que forma parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, es la agencia a la que debemos Internet y los microprocesadores, entre otras muchas tecnologías clave para la revolución digital. Su presupuesto es de solo unos 3.500 millones al año, es decir, menos de un 10% del presupuesto de investigación del NIH. La gracia del DARPA es que está especializado en el desarrollo de proyectos altamente innovadores, de mucho riesgo pero mucho potencial; es decir, proyectos en los que nadie más se atrevería a invertir.

Las vacunas de ARN mensajero eran precisamente ese tipo de proyecto. La idea era diseñar ARNm que contuviera instrucciones para sintetizar una proteína del virus en cuestión. Ese ARNm se inyecta en nuestras células, que fabricarán la proteína vírica. Después, esta proteína es presentada a nuestro sistema inmune, lo cual genera una memoria inmunológica. De este modo, cuando entremos en contacto con el virus, nuestro sistema inmune reconoce esa proteína y es capaz de reaccionar contra el virus de forma muy rápida y eficaz.

En 2013, el DARPA concedió a Moderna un contrato de 28 millones para desarrollar vacunas basadas en ARNm contra los virus Zika y Chikungunya. Dos años antes, ya había otorgado 33 millones a CureVac (que tiene casi lista otra vacuna contra el COVID basada también en ARNm) y Sanofi para investigaciones en esta misma línea.

Otra peculiaridad muy interesante del DARPA es que se involucra de manera proactiva en la gestión de sus proyectos: proporciona asesoramiento a sus contratistas y monitoriza su progreso mediante el establecimiento de una serie de hitos y una comunicación constante. Cuenta para ello con un personal extremadamente cualificado y competente en la gestión de proyectos y diversas áreas técnicas. En este aspecto contrasta con otras agencias como el NIH, que financian la investigación mediante cauces más clásicos basados en la concesión competitiva de subvenciones y becas con un bajo nivel de monitorizacion, que consiste básicamente en el envío periódico de informes por parte del beneficiario.

Más adelante, el NIH se atrevió a entrar en la tecnología de vacunas ARNm, en vista de los resultados prometedores que se iban obteniendo. A partir de 2015, firmó una serie de acuerdos de investigación conjunta con Moderna. Este tipo de acuerdos están estandarizados y regulados, se denominan CRADA, y permiten a las empresas aprovecharse de la investigación que se produce en el sector público.

Es más, algunas de las patentes clave en las vacunas de Moderna, Pfizer-BioNTech, Sanofi, Novovax y Johnson & Johnson pertenecen al NIH (aún en pendientes de trámite). En particular, el trabajo de Barney Graham (científico del NIH) y sus colaboradores sobre la estructura de las proteínas espiculares de los coronavirus y un truco crucial para modificarlas y hacerlas más estables y efectivas para su uso como inmunógeno en vacunas. El propio laboratorio de Graham colaboró con Moderna como parte del acuerdo de investigación conjunta con el NIH. Evidenemtente, Moderna se benefició enormemente de esta colaboración.

A estas alturas ya podemos apreciar con claridad el  patrón central de la economía del conocimiento: recursos públicos, apropiación y beneficio privados. Y aún queda mucho más.

En 2018, también Pfizer se atrevió a apostar por la tecnología de ARNm para desarrollar vacunas más eficaces contra la gripe. Para ello contrató a BioNTech. Revisemos brevemente la historia de BioNTech.

Entre 2010 y 2013, BioNTech recibió subvenciones de la Unión Europea (European Regional Development Fund) por valor de 2.2 millones de euros. Durante estos primeros años, cuando es más vulnerable, es especialemnte importante para una start-up obtener financiación. El apoyo a BioNTech por parte de las instituciones europeas continuó a lo largo de los años, como ha declarado su CEO y fundador Uğur Şahin,  incluyendo una subvención del European Research Council en 2018 y un préstamos de 50 millones del European Investment Bank, el banco de inversión público de la Unión Europea, en 2019.

Cuando explotó la pandemia del COVID-19 en 2020, Moderna y BioNTech estaban bien situados para desarrollar vacunas de ARNm. Nadie tuvo dudas de que ante una catástrofe sanitaria como aquella, lo más eficiente y rápido era que el Estado interviniera de forma masiva. Las fantasías neoliberales sobre la superioridad del mercado se dejaron para otra ocasión y el gobierno empezó a repartir dinero a una escala sin precedentes entre las distintas compañías con vacunas en desarrollo.

Los ensayos clínicos son muy costosos y complejos de llevar a cabo. Moderna tenía capacidades e instalaciones de investigación de primer orden, pero no era un gigante farmacéutico como Pfizer, y no podía realizar los ensayos clínicas a la escala requerida. Tampoco tenía la capacidad de producción necesaria para fabricar millones de dosis en unos pocos meses.

Aquí entra en escena el BARDA, (Biomedical Advanced Research and Development Authority), una institución creada en 2006 como respuesta a la epidemia de SARS-CoV-1 de 2002-2004. Su misión es hacer frente a emergencias sanitarias, principalmente mediante la inversión directa en empresas con la tecnología relevante, aunque también participa en colaboraciones público-privadas y lleva a cabo labores de coordinación entre distintas agencias. Según un comunicado de prensa de Moderna de julio de 2020, el BARDA ha proporcionado a la compañía 983 millones de dólares para costear los ensayos clínicos. En cualquier caso, estos ensayos clínicos se realizarán en colaboración con el NIH.

Adicionalmente, el gobierno firmó con Moderna un acuerdo de compra por adelantado por valor de más de 1.500 millones de dólares. Según este acuerdo, el gobierno se compromete a comprar dosis por ese valor si la empresa es capaz de entregarlas, lo que reduce al mínimo el riesgo para Moderna. Otras compañías también se han beneficiado de acuerdos similares, tanto de apoyo al desarrollo y ensayos clínicos como compras por adelantado.

Por su parte, el CEO de Pfizer, Albert Bourla, se jactaba de que su empresa no había recibido dinero del gobierno para el desarrollo de su vacuna. “Quería mantener a Pfizer alejada de la política”, declaró orgulloso, como si su compañía no estuviera montada en una ola de miles de millones de dinero público. Olvidó, no obstante, mencionar dos detalles: en primer lugar, aunque es cierto que Pfizer no recibió dinero de la Operación Warp Speed para realizar ensayos clínicos, sí que se ha beneficiado de un acuerdo de compra por adelantado por valor de casi 2.000 millones de dólares. Y, en segundo lugar, su socio alemán BioNTech, con el que coopera en los ensayos clínicos y la fabricación, sí que ha recibido dinero público a raudales. En concreto, un préstamo de 100 millones de euros en julio de 2020 por parte del European Investment Bank (que ya había concedido otro préstamo a la empresa previamente) y una subvención de 375 millones de euros del gobierno alemán. Merece la pena señalar que uno de los objetivos de Alemania y la UE es desarrollar y expandir la capacidad de producción en suelo europeo para depender lo menos posible de Estados Unidos.

Los comentarios de Albert Bourla son significativos. No debemos olvidar que las farmacéuticas tienen un interés muy claro en aparentar que son ellas las que llevan a cabo el grueso de la innovación y que apenas pueden sacar beneficios debido a sus elevadísimos costes de I+D. De este modo pueden convencer a la sociedad y los políticos de ampliar las subvenciones y la protección de la propiedad intelectual. Aquí viene a cuento una anécdota de la Segunda Guerra Mundial, cuando el CEO de Boeing se oponía a que se hiciera público el papel del Estado en el desarrollo de la industria de aviación, pues temía que, si los contribuyentes descubrían hasta qué punto dependía del dinero del gobierno, pedirían la nacionalización inmediata de Boeing.

La privatización del conocimiento

Ya hemos comentado el trabajo de Kariko y Weissman sobre el ARN modificado y el de Graham y sus colaboradores sobre la proteína espicular de los coronavirus. Pero aún falta la tercera pieza clave de las vacunas COVID. No es tan fácil como inyectar el ARN mensajero y ya está, hay que conseguir que llegue hasta el interior de las células sano y salvo. Para ello, se envuelve en una capita microscópica de grasa que se denomina nanopartícula lipídica. Aquí el nombre clave es Pieter Cullis, científico del NMIN (Nano Medicines Innovation Network) de la Universidad de British Columbia, en Canadá. ¿Y quién financia el NMIN? El gobierno de Canadá, a través del programa Networks of Centres of Excellence.

Pieter Cullis comenzó a investigar la estructura y propiedades de los lípidos en los 80. Este es un ejemplo típico de investigación básica, es decir, aquella cuyo objetivo inmediato es simplemente aumentar el conocimiento, desarrollar nuevas teorías científicas. Sin duda, con el tiempo este conocimiento dará pie a múltiples aplicaciones, pero estas no son claras ni inmediatas en el momento en que se emprende la investigación. Es frecuente, de hecho, que las aplicaciones de la investigación básica y su explotación comercial no lleguen hasta pasadas varias décadas, como ocurrió en este caso.

Por estos motivos, nadie alberga ilusiones de que el sector privado vaya a invertir seriamente en investigación básica. Demasiado riesgo, demasiado a largo plazo. Por tanto, el Estado debe ocuparse directamente de la investigación básica.

Pero es que el sector privado tampoco destaca por su voluntad de invertir en investigación aplicada, a pesar de que esta, a diferencia de la básica, tiene unos objetivos prácticos bastante concretos y, por ende, unos horizontes de explotación comercial relativamente cortos. Al contrario, es una idea ampliamente aceptada que la investigación da lugar a lo que los economistas llaman “fallo de mercado”. El problema es que la producción de conocimiento genera un beneficio social enorme, pero es muy difícil para las empresas apropiarse efectivamente de este conocimiento y extraer beneficios de él. Por un lado, es mucho más fácil copiar o aprender una idea que descubrirla o inventarla de cero, de modo que una vez que una empresa ha dado con un conocimiento valioso, los competidores se lanzan a copiarlo, socavando así la capacidad de la empresa innovadora para rentabilizar su inversión. Por otro lado, el conocimiento con frecuencia beneficia a otros sectores, a futuras generaciones, etc. y la empresa difícilmente puede lucrarse de estos spillovers. Por tanto, en un mercado “libre” y competitivo, las empresas tenderían a infrainvertir sistemáticamente en investigación.

La solución a este fallo de mercado ha sido que el sector público introduzca subvenciones, incentivos, regalos y, en definitiva, dinero a mansalva para engordar los beneficios de las compañías hasta que se decidan a invertir. Ya hemos visto muchos ejemplos a lo largo de este texto. Aun así es un desastre. Los incentivos siguen sin estar alineados con el bien común. Las compañías privadas han desertado en masa de áreas críticas como el desarrollo de antibióticos, y las vacunas tampoco les han resultado un campo atractivo, solo han sido capaces de avanzar aquí a remolque de la iniciativa y el dinero públicos.

Dentro de los incentivos a la investigación, uno de los principales, y seguramente el más conocido, son las patentes. Las patentes son un derecho al monopolio garantizado por el Estado. Por definición, un monopolio impone costes al resto de la sociedad. La idea es que estos sobrecostes, la renta de monopolio, compensen a la empresa por su inversión en I+D. Pero, inevitablemente, surgen conflictos. Un problema grave inherente a las patentes son los precios exorbitantes y abusivos de algunos fármacos como el Sovaldi, la terapia contra la hepatitis C de Gilead que cuesta 84.000 dólares en Estados Unidos.

El problema de fondo que afecta al sistema de patentes es que resulta sumamente artificial privatizar el conocimiento y divirlo en unidades de propiedad perfectamente separadas. El conocimiento es, por su propia naturaleza, orgánico, acumulativo e interconectado. ¿Cuándo una idea es verdaderamente original (la originaldiad es uno de los criterios para conceder una patente) y cuándo es solo un refrito de una idea previa? ¿Cuándo hay cierta influencia pero es una idea distinta? ¿Mejorar una idea es crear una idea nueva? No hay una respuesta tajante, es una cuestión enormemente ambigua. Esto no solo encarece y complica el aparato burocrático (se estima que de media el trámite de cada patente cuesta 7.000 dólares), sino que dispara los costes legales.

Por ejemplo, la vacuna de Pfizer-BioNTech usa una tecnología de nanopartículas lipídicas inventada por Pieter Cullis, con patente asignada a la Universidad de British Columbia, que después licenció a Arbutus, que a su vez sublicenció a BioNTech (y estoy simplificándolo bastante). Moderna, en cambio, usa su propia tecnología de nanopartículas lipídicas. ¿Seguro? Arbutus disputa esta afirmación y hay  toda una serie de complejísimas demandas en marcha en torno a este punto entre Moderna y Arbutus.

En efecto, las corporaciones de sectores tecnológicos, especialmente las más grandes, adoptan estrategias de litigación agresiva. Cuando se enfrentan con otra empresa grande, se producen las llamadas guerras de patentes: Apple vs Samsung, Google vs Microsoft, TSMC vs Global Foundries (semiconductores)… Con frecuencia estas guerras se convierten en un impedimento tan grande para el sector que el gobierno tiene que intervenir y obligar a establecer un fondo común de patentes.  El resto del tiempo, las grandes corporaciones usan su stock de patentes para intimidar a las pequeñas start-ups con acciones legales y obtener acuerdos más favorables.

En suma, un despilfarro inmenso de recursos: se calcula que en 2011 los costes legales relacionados con las patentes en Estados Unidos equivalían al 7% de todo el gasto en I+D.

Aunque las patentes son la forma de propiedad intelectual más conocida, no son la única ni, de hecho, la más importante en el caso de las vacunas. También hay que considerar el secreto industrial, el know-how y los datos protegidos. Esto explica por qué Moderna anunció en octubre de 2020 que renunciaba a aplicar sus patentes relacionadas con la vacuna; en concreto, se comprometía a no demandar a ninguna compañía que produjera vacunas COVID con su tecnología. “Creemos que tenemos una responsabilidad especial en las circunstancias actuales”, declararon con magnanimidad. Sin duda, la empresa quedó muy bien de cara a la prensa y al público.

Lo cierto es que da igual. Con fármacos convencionales, que son moléculas más o menos sencillas, es relativamente fácil hacer ingeniería inversa y desarrollar rápidamente un proceso eficiente de producción. Sin patentes, competidores de todo el mundo llevarían al mercado en muy poco tiempo versiones genéricas mucho más baratas, socavando los beneficios de la empresa descubridora. Con las vacunas no pasa lo mismo, son un producto de biotecnología extraordinariamente difícil de fabricar. Las patentes no son el principal obstáculo.

Aquí entran en juego distintas formas de secreto amparadas por las leyes. En primer lugar, los secretos industriales (todo tipo de especificaciones técnicas), el know-how (el motivo por el que aunque un chef te de su receta, el plato no te va a quedar igual que a él; sigue teniendo una importancia capital en la industria), y quizá lo más preocupante de todo, los datos protegidos. Aunque parezca increíble, los datos de los ensayos clínicos y de otros experimentos no se hacen públicos en su totalidad para su evaluación y discusión por parte de la comunidad científica. Se publica solo de manera limitada y con retraso. Son datos protegidos, propiedad de la empresa.

El daño de esta práctica es evidente: es un obstáculo grave para el avance de la ciencia y la lucha contra la pandemia. Moderna en particular tiene un historial de secretismo extremo que representa una tendencia creciente y preocupante entre las start-ups. Ya en 2016, la revista Nature criticaba en un editorial a Moderna por no publicar sus investigaciones en revistas científicas.

Lo más eficiente, y especialmente durante una pandemia, habría sido no solo no practicar el secreto, sino llevar a cabo políticas activas de transferencia de conocimiento y tecnología. Esto es lo que se hizo, por ejemplo, cuando se vivió una escasez de ventiladores mecánicos durante la primera ola en EEUU y General Motors llegó a un acuerdo con Ventec para fabricar sus ventiladores. Para ello, Ventec invitó a unos cuantos ingenieros de GM y les instruyó sobre el proceso de producción, de modo que GM fue capaz de empezar a fabricarlos muy rápidamente. Esta práctica, por supuesto, iría directamente en contra de los intereses de las empresas que han desarrollado las vacunas, aunque permitiría aumentar y optimizar la capacidad de producción.

La privatización del conocimiento choca inevitablemente con la ciencia y el progreso.El punto de vista de las corporaciones está muy claro: el conocimiento es mío y es mi activo más valioso, o sea que, o lo mantengo en secreto y no lo comparto, o exijo un derecho a su explotación en monopolio; o, mejor aún, combino ambas estrategias para crear una barrera inexpugnable de propiedad intelectual.

Se sabe además que en general la cadena de valor de la innovación es profundamente injusta y, si su objetivo es dar incentivos a los innovadores, ineficiente. El ejemplo clásico es la revolución de los ordenadores personales. Está reconocido que IBM fue la empresa que llevó a cabo las innovaciones clave; sin embargo, fueron Microsoft e Intel quienes se llevaron la parte del león de los beneficios de ese mercado, puesto que fueron más hábiles en el juego y tejemaneje de la apropiación del conocimiento.

Peor todavía si nos fijamos en los obreros de la ciencia, a saber, los científicos, que de ordinario tienen que soportar condiciones de precariedad y explotación. Más bien me parece que si hay algún punto crítico de la cadena en el que reforzar los incentivos y la financiación es este. Tuvimos suerte de que Kariko no tirara la toalla, o de los avances de Graham y colaboradores, que llegaron tan solo hace unos pocos años. No son ellos los que se van a hacer de oro con las vacunas, sino los inversores, los CEOs y los altos ejecutivos, muchos de los cuales ya han hecho su agosto con la venta de acciones. ¿Realmente era imprescindible para tener vacunas? Parece difícil de justificar un enriquecimiento tan exagerado teniendo en cuenta que la mayor parte de la inversión, el riesgo y el emprendimiento vinieron del sector público. En última instancia, la ciencia es una labor cooperativa y comunitaria que no puede avanzar bajo criterios de mercado ni de propiedad privada.

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